El Ayuntamiento de Alcalá se personará en el caso de corrupción

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (200.000 habitantes), bajo gobierno del PSOE y Somos Alcalá, se personará en la causa judicial que pueda abrirse tras las detenciones de cuatro personas por una supuesta trama de corrupción y fraude en cursos de formación ocurrida durante el mandato de la corporación anterior, del PP.

La policía entró en el Consistorio el lunes y requisó documentación y contratos de los dos últimos mandatos populares —muchos relacionados con la Concejalía de Festejos y Juventud—, dos ordenadores y un móvil. Horas más tarde, la exedil que se encargaba del área, Virginia Sanz, fue arrestada, junto a dos administradores de empresas y una cuarta persona de la que no se han facilitado datos.

El nuevo alcalde, el socialista Javier Rodríguez, anunció su intención de personarse en el caso, pero declina dar más detalles porque el juzgado de Alcalá ha decretado secreto de sumario. Somos Alcalá, su socio de gobierno, planea auditar los contratos para “aclarar el origen de la brutal deuda [254 millones a finales de 2014] que lastra al Consistorio”. Según su comunicado, “la ciudadanía lleva años sospechando de oscuras prácticas en el municipio”.

Investigar la Púnica

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, instó al exalcalde Javier Bello a que ponga a disposición de la policía la documentación relativa a los servicios municipales acordados con Cofely y Waiter Music, dos empresas investigadas por la trama Púnica. En enero Bello se negó a declarar en la comisión de investigación municipal abierta a raíz de este caso.

En una nota de prensa, los concejales del PP expresaron su “total respeto” a las diligencias judiciales y policiales “desde la prudencia exigida por el secreto del sumario”. Y reclamaron que, antes de tomar decisiones precipitadas, se conozca “el alcance de la intervención y posibles repercusiones y responsabilidades de una actuación que se encuentra bajo secreto sumarial”.