Munté admite que el presupuesto del plan antipobreza puede estar inflado
La Generalitat corregirá diferencias en partidas de la pobreza energética y el fondo contra la pobreza energética
La Generalitat desconoce cuánto dinero se gastará en la disminución de la pobreza durante este año. La nueva portavoz del Gobierno catalán y consejera de Bienestar Social Neus Munté reconoció ayer que en el plan aprobado la semana pasada, de 1.066 millones de euros, incluye programas que sobrepasan la lucha contra la exclusión social, como por ejemplo la implementación de la T- Mobilitat, que se lleva el 5% del total del presupuesto. “No es un plan cerrado”, defendió la también vicepresidenta.
“Es difícil discernir qué parte de la partida concreta [de la concesión a una empresa privada del sistema de pago y acceso al transporte público] tiene una mayor incidencia sobre el plan contra la pobreza”, justificó Munté. La Generalitat, aseguró la portavoz, hará el cálculo exacto y lo incluirá en el presupuesto del plan contra la pobreza, junto con el dinero correspondiente al fondo para ayudar a las familias que no pueden pagar los recibos de luz y agua, que tampoco aparece dentro de la iniciativa. Se trata de 10 millones de euros, que salen de un pacto presupuestario con ERC.
Más dinero para las familias de acogida
Una de las partidas que más sube es la de ayuda a las familias de acogida. Crece un 17% (llega a los 22 millones de euros). Sin embargo, se reduce caso a la mitad el apoyo a las entidades de ocio educativo (2,3 millones)
Enseñanza aumenta un 22% el presupuesto en la lucha contra el fracaso escolar en alumnos en riesgo de exclusión social. Disminuye un 20% el dinero para pagar la formación de mayores de 16 años sin graduado escolar.
Un 321% sube la partida para comprar los excedentes de frutas y verduras para darlos a entidades sin ánimo de lucro (7,3 millones).
La oposición criticó en su día que el departamento de Territorio y Sostenibilidad incluyera la T Mobilitat dentro de los programas del plan antipobreza. Si bien tiene una vertiente social —permite gestionar mejor la tarifación social para colectivos vulnerables—, también implica una renovación tecnológica a la que va más allá de ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión. El plan, de hecho, ya tiene dotación para subsidiar el transporte a desempleados o pensionistas.
El nuevo sistema de pago y acceso costará más de 58 millones de euros, un 5% del total de todo el presupuesto del plan estrella de la Generalitat de cara al fin del mandato. Munté aclaró que en el texto del plan ya se explicaba que se trataba de todo el coste del programa, pero eso no fue impedimento para que hace una semana el Gobierno catalán vendiera la cifra de 1.066 millones de euros en actuaciones contra la pobreza.
La Generalitat defendió ayer “la transparencia” con la que se ha explicado el plan, que cuenta con 165 actuaciones directas. Sin embargo, los números siguen sin cuadrar. Desde Bienestar, que coordina al resto de departamentos, se informó de que el plan implicaba un 25% más de presupuesto respecto al año pasado, un aumento de 214 millones de euros. Pero si se compara el plan aprobado con el borrador que se entregó a las entidades en septiembre del año pasado, donde se recogían los números de 2014 y una propuesta para 2015, el aumento real sería de 187 millones.
Empresa y Ocupación es el departamento que destina más dinero: 281 millones de euros. Esto se debe a que de sus arcas sale el programa de la Renta Mínima de Inserción, la partida más cuantiosa del plan. Le sigue Bienestar (239 millones de euros) y Enseñanza (147 millones).
Una de las partidas que más cae es la que se dedica a lograr la cobertura sanitaria de los inmigrantes en situación irregular. Se pasa de 93 millones a 31 millones, ya que el Departamento de Salud considera que ha caído el número de personas que están sin protección. Los programas de Empresa y Ocupación que permiten la alternancia de la formación y el trabajo para facilitar la inserción laboral. También cae un 30% de las ayudas a los dispositivos de inserción de personas en riesgo de exclusión en empresas ordinarias.
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