La Operación Chamartín incluye ampliar la línea 10 de metro

El plan urbanístico incluye otros cambios como dos pasarelas y un puente sobre la M-30, otra conexión entre la M-40 y la M-607 y el aumento en la capacidad de la depuradora de Valdebebas

Madrid - 22 jun 2015 - 13:58CEST

La Operación Chamartín, que Ana Botella (PP) dejó sin aprobar y la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), se plantea modificar, ha acabado su tramitación con una serie de cambios que podrían facilitar las negociaciones con el Ayuntamiento sobre su futuro. Entre las modificaciones introducidas, destaca el adelanto en la ampliación prevista de la línea 10 de metro, que sería de las primeras actuaciones en ejecutarse en caso de lograrse el plácet municipal.

Ideada hace 20 años y rebautizada como Distrito Castellana Norte tras su reformulación en 2014 para solventar las trabas judiciales, esta operación prevé extender 3,7 kilómetros el paseo de la Castellana y rediseñar un área de 311 hectáreas. Se haría mediante la construcción de 17.699 viviendas, zonas verdes con la mitad de superficie del parque de El Retiro y rascacielos tan altos como el edificio Chrysler de Nueva York.

Los promotores son el BBVA (75,5%) y la constructora San José (24,5%), que calculan aportar 4.245 millones de euros y poseerán el 61,6% del suelo. Las tres Administraciones, que suman el 20,5% del suelo (el resto pertenece a pequeños propietarios), tendrían que aportar 1.103 millones para construir dotaciones.

El presidente del BBVA, Francisco González, defendió el lunes que se trata de “un gran proyecto para Madrid que crea riqueza para todos y no sólo para unos”, en respuesta a las críticas del nuevo gobierno municipal. La alcaldesa, sin embargo, opina que “a lo mejor hay que darla una configuración distinta” porque en “Madrid no hace falta ahora un número de viviendas” tan “grande”. Ambos se reunieron el viernes, pero según fuentes conocedoras del encuentro no trataron este tema.

El programa de Ahora Madrid prevé parar la operación y abrir “un proceso participativo abierto a organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo”.

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Hasta su finalización en mayo, el proceso administrativo del plan urbanístico, que acumula 13.000 folios desde julio de 2014, ha precisado la participación de 130 técnicos de la Administración del Estado. Han tomado parte seis ministerios; siete consejerías regionales; seis concejalías madrileñas; cinco compañías de electricidad, agua y gas; y la asociación Ecologistas en Acción (la única que puso alguna salvedad).

Los principales cambios introducidos durante esta tramitación, que incrementarán el coste en 103 millones de euros, son la incorporación de dos pasarelas y un puente sobre la M-30 (a petición del Ayuntamiento); un aumento en la capacidad de la depuradora de Valdebebas para afrontar el incremento futuro de población (a petición del Canal de Isabel II); la construcción de una conexión adicional entre la M-40 y la M-607 (a petición del Ministerio de Fomento); y la priorización de la ampliación de la línea 10 de metro (a petición del Consorcio Regional de Transportes).

El proyecto prevé la construcción de un tramo de tres kilómetros con cuatro estaciones: la de Chamartín, ya existente (líneas 1 y 10), y otras tres nuevas a lo largo de la prolongación de la Castellana (dos en el eje de la calle de Agustín Foxá, y la última en el extremo norte, cerca de la M-40).

La operación ha sufrido otros cambios durante la última etapa de tramitación: aumentará el número de escuelas infantiles (de cinco a seis), centros de primaria (de cuatro a seis) e institutos (de dos a cuatro). Se reducirá el ámbito en 6.322 metros cuadrados (que se cederán a la Comunidad) junto al parque de la cuenca alta del Manzanares; y se reconstruirán las ermitas históricas de San Roque y Nuestra Señora de Lourdes. El plan ha superado la evaluación ambiental de la Comunidad; entre otras medidas, prevé pasar de 5.200 a 30.000 los árboles.

El proyecto, que lleva 20 años de complicada gestación por diversos obstáculos legales y políticos, podría empezar a ejecutarse desde el momento de su aprobación por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad, pero se desarrollaría a lo largo de dos décadas y por fases. Comenzaría en la zona de la estación de Chamartín, y se desplegaría progresivamente hacia el norte, pero priorizando en todo caso las obras del metro.

Un plan bajo la lupa judicial y política

El primer plan urbanístico de la Operación Chamartín fue aprobado en 2011 por el Ayuntamiento, pero un estudio de arquitectos lo recurrió ante la justicia. El Tribunal Superior lo anuló en 2013 por dos motivos: primero, porque proyectaba edificios de una altura superior al límite de la ley regional del suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre (cuatro alturas). Idéntico argumento sirvió al mismo tribunal para tumbar la operación del Atlético de Madrid con el estadio Vicente Calderón. El otro motivo era que cargaba a los propietarios del suelo con el coste de ampliar la línea 10 de metro y hacer un túnel de la Castellana a Las Tablas.

El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo, que en abril instó a la sala autonómica a razonar sus argumentos, dejando así en suspenso el fallo. El TSJM emitió hace días una sentencia, adelantada por El Mundo, en la que razonaba (y confirmaba) su dictamen contra el plan de 2011.

Sin embargo, los promotores ya habían decidido retirar ese plan anterior sin esperar a un fallo firme, dejándolo así pues sin efecto. Elaboraron otro nuevo solventando los obstáculos judiciales (se cargaron a sí mismos el coste del metro y renunciaron al túnel). Pero ese nuevo plan no fue aprobado antes de que el PP perdiera la alcaldía, y ha quedado en manos de Ahora Madrid, que quiere replantearlo.

La Operación Chamartín se enfrenta a otro obstáculo: la Comunidad cambió en 2013 la ley del suelo para evitar que el tope de alturas obstaculizara este plan y la Operación Calderón, pero la justicia avanzó hace semanas en una sentencia sobre el ámbito del Atlético de Madrid que el cambio legal podría no bastar para evitar otro fallo en contra.