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Colau revisará las sanciones de la ordenanza de civismo

La alcaldesa de Barcelona dice que "son desproporcionadas" y "criminalizan la pobreza". La normativa prohíbe la mendicidad y la prostitución

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se ha reunido la mañana de este jueves con la Síndica de la ciudad, Maria Assumpció Vilà, para abordar las problemáticas más urgentes de la ciudad. Tras la primera toma de contacto, la alcaldesa ha explicado que quiere revisar el reglamento y las sanciones de la ordenanza de convivencia y civismo -aprobada en 2006 con los votos de PSC, ERC y CiU en medio de una gran polémica ciudadana- por considerar que "son desproporcionadas y criminalizan la pobreza".

Iniciativa, integrada ahora en BComú, votó en contra en su día. Para modificar la norma, Colau necesitará mayoría en un pleno atomizado. Entre las medidas más polémicas de la ordenanza figuran la persecución de la mendicidad organizada o la prohibición de la prostitución en la calle.

La alcaldesa, partidaria de una ordenanza "garantista", ha mantenido que las sanciones no resuelven las causas del problema y criminalizan a los colectivos más desfavorecidos como las prostitutas o los sin techo. "No puede multarse a un niño con 1.200 euros por jugar en la calle con la pelota", ha dicho Colau. En el programa electoral, Barcelona en Comú, la alianza que lidera Colau, defiende la derogación de los artículos de la ordenanza que persiguen la prostitución; anular los expedientes administrativos abiertos a las prostitutas o aplicar medidas de reparación a todas las personas detectadas como víctimas de trata que hayan sido multadas y/o expedientadas administrativamente.

La emergencia habitacional también ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la síndica. Tras una hora de reunión, Colau ha coincidido con Vilà en que hay que revisar el reglamento de acceso a los pisos de urgencias sociales porque "es demasiado restrictivo", y en que es necesario ampliar el parque de las viviendas disponibles para poder realojar a las personas que padezcan desahucios que no se puedan parar. 

A propuesta de la Síndica, la nueva alcaldesa ha indicado que pedirán al Puerto de Barcelona que ceda 50 pisos de su propiedad, para dedicarlos a urgencias sociales. Situadas cerca del puerto barcelonés, justo delante de la vieja terminal de cruceros, la mayoría de estas viviendas -que se destinaron para los trabajadores del puerto- están hoy vacías y podrían destinarse a familias desahuciadas. La Síndica ya hizo esta propuesta sobre los pisos del puerto hace un año, pero sin resultados positivos hasta ahora.

Colau revisará los expedientes del 4F

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La alcaldesa de Barcelona ha destacado este jueves que revisará los expedientes del 4F para ver "qué no ha funcionado, para que no se vuelva a repertir". Colau ha dicho que, cuatro días después de ocupar el cargo, no tiene más información del caso de la que tenía como ciudadana, pero preguntará "cómo han funcionado estos expedientes, para ver si desde el Ayuntamiento se puede dar alguna instrucción precisa".

En respuesta a los periodistas, después de que la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC) haya considerado "cuestionables" las incapacidades permanentes concedidas a los agentes de la Guardia Urbana  -condenados por malos tratos a un detenido y relacionados con el caso 4F- Colau ha dicho que las pensiones "no se explican desde el punto de vista del sentido común".

Colau ha explicado que el delegado de Seguridad, Amadeu Recasens, se está reuniendo esta semana con intendentes de la policía municipal, y ha insistido en su "plena confianza con la Guardia Urbana, que cuenta con excelentes profesionales".

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