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Esperando la llamada de Colau

Las entidades sociales resaltan que sus reivindicaciones coinciden con Barcelona en Común pero le piden acompasar el discurso político con la gestión del día a día

Ada Colau y El Gran Wyoming en un mitin la pasada campaña electoral.
Ada Colau y El Gran Wyoming en un mitin la pasada campaña electoral.

La agenda de un alcalde electo está siempre bajo la lupa. La de Ada Colau ha incluido reuniones con vecinos y técnicos de Telefónica, por ejemplo. La líder de Barcelona en Comú (BEC) también participó en el recuento de sin techo de Arrels Fundació. Colau fue de incógnito, aunque después su entorno publicitó el gesto. A pesar del guiño, no ha habido ningún contacto formal con las entidades sociales después de las elecciones, lo cual ha generado cierta perplejidad dentro del tercer sector. Media decena de organizaciones consultadas, sin embargo, no dudan en darle su voto de confianza.

“El primer día le enviamos una carta solicitándole una reunión, pero no tenemos respuesta”, explica Ángels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. A la espera de que la futura alcaldesa coja el teléfono, las entidades reconocen que hay sincronía entre los temas sociales de su programa y las demandas de las entidades. Pero le advierten de la complejidad del día a día y de la necesidad de cintura con los pactos. “El punto de partida es similar. Estamos a la espera de ver los acuerdos que permitan vehicular sus propuestas”, dice Salvador Busquets, director de Cáritas.

“La lucha contra las desigualdades es una carrera de fondo”, dice la directora del Casal dels Infants

“A veces el discurso político va por un lado y el gerencial por otro. Hay que ver cómo se puede hacer permeable la estructura. Un alcalde no puede estar pendiente de una subvención”, opina Ferran Busquets, director de Arrels. La tarea es compleja. El equipo que capitanearán Laia Ortiz como teniente de alcalde y Mercè Massa como gerente se enfrentará a dirigir las labores de, por ejemplo, los 690 empleados que tiene el Instituto Municipal de Servicios Sociales y un presupuesto que este año asciende a 243 millones de euros. El equipo tendrá que afrontar el traspaso total de la competencias en Servicios Sociales por parte de la Generalitat, recuerda Sonia Martínez, presidenta de Fedaia, la federación que agrupa a las entidades de infancia.

“El discurso social de Trias era potente. Pero esto se diluía en la parte gerencial”, explica Guiteras. “La lucha contra las desigualdades es una carrera de fondo”, recuerda Rosa Balaguer, directora del Casals dels Infants, que ve con expectativa la promesa de una renta municipal complementaria para las familias bajo el umbral de la pobreza.

El programa electoral de BEC incluye puntos ambiciosos, que han sido peticiones de las entidades. Además de dicha renta, está asegurar el derecho al ocio de los menores de edad, garantizando un mínimo de salidas y de colonias a precios asequibles. “Este es uno de los mayores factores de desigualdad en la infancia”, dice Carles Barba, vicepresidente de Fundesplai, que pide una mayor transversalidad en las políticas de infancia. En campaña, Colau también prometió “acabar con la pobreza energética en menos de un año” y “acabar con los desahucios por motivos económicos”.

“El discurso social de Trias era potente. Pero esto se diluía en la parte gerencial”, afirma Guiteras

Teresa Crespo, que preside Entidades Catalanas de Acción Social, dice que en muchas ocasiones a la hora de realizar las propuestas electorales no se sincronizan con la realidad de la maquinaria administrativa. “El voto es de confianza. Pero por descontado que habrá fracasos y seguro que en ocasiones protestaremos”, confiesa Crespo, que también pide transparencia en la gestión: explicar por qué se hace una cosa o no.

Las entidades también concuerdan en que es necesario construir sobre lo existente. “No se puede cambiarlo todo por cambiarlo”, alerta Crespo. Desde Trinijove, Ignasi Parody pone como ejemplo la implantación de cláusulas sociales en la contratación pública, algo abordado tanto por PSC como por CiU. Dentro de su idea de territorializar los servicios, también debería bajar a esa escala de distrito el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva”, agrega Martínez.

Guiteras propone la creación de una oficina de supervisión de la contratación para evitar, por ejemplo, que se hagan subastas y se prioricen los criterios técnicos. “La Mesa del Tercer Sector también es un lobby y alerta sobre las consecuencias de prescindir de las entidades. “Encargar a un funcionario el servicio de atención a las personas no es eficiente. Somos referentes en Europa en la colaboración público privada”, advierte Guiteras.