El alcalde de Navalcarnero gasta otros dos millones en granito

Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero por el Partido Popular durante los últimos 20 años, aprobó la semana pasada, en una de sus últimas decisiones al frente de la localidad de 26.000 habitantes, el pago de 1,9 millones de euros a un solo proveedor de granito para mobiliario urbano. Navalcarnero, con los presupuestos prorrogados desde 2008, tiene una deuda municipal reconocida de 115 millones de euros (más de 4.400 euros por habitante, de las mayores de España). Santos está imputado en tres procesos judiciales.

Las facturas, más de un centenar, aparecen registradas entre el pasado 1 de enero y el 26 de mayo, justo dos días después de las elecciones municipales. En ellas, Santos, que se presentó por el partido independiente Unión Reformista Ciudadana (URCi) tras ser expulsado del PP un mes y medio antes de las elecciones, obtuvo solo dos concejales. Muy lejos de los que necesitaba para mantener el control del municipio. Santos ha gobernado esta legislatura con 12 ediles, frente a siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP). El 24 de mayo el PSOE fue el partido más votado (seis). El PP logró cinco, Cambiemos Navalcarnero cuatro, Ciudadanos tres y el PDAP uno. José Luis Adell, portavoz del PSOE, explica: “Este tipo ha endeudado por generaciones a Navalcarnero con total impunidad”.

La mitad de las facturas, con un importe de 966.112 euros, fueron registradas en mayo (días 12, 13 y 26). El resto se remontan a enero, con pagos de lo más variopinto, como cuatro facturas de 21.780 euros por una pila bautismal, hornacinas, postes de demarcación para adornar las calles de la localidad y cañerías. Los ejemplos del descontrol y derroche de Santos abundan: 18.000 euros por el suministro de capiteles o columnas de una sola pieza, 20.207 euros por una fuente de pared, 12.342 euros por una rueda dentada...

EL PAÍS ya adelantó el año pasado que el Consistorio había gastado al menos diez millones en alrededor de 150 cruceiros (cruces de piedra) repartidos por todo el término municipal, incluso en zonas apartadas del monte. La mayoría de las obras, encargadas a empresas locales, gallegas y andaluzas, se realizaron con el informe contrario de la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento.

Mientras Santos apura su mandato pagando las facturas en granito pendientes en los cajones, el Ayuntamiento de Navalcarnero le debe 3,7 millones a FCC, la concesionaria responsable del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. “No le paga desde hace 18 meses, y mientras se dedica a gastar lo que Navalcarnero no tiene en granito... ¿Pero qué le ha dado a este alcalde por el granito?”, se pregunta Juan Benito, candidato electo por el PDAP, que junto al PSOE ha jugado un papel fundamental en denunciar la gestión de Santos.

Elecnor, la adjudicataria del alumbrado público, también lleva sin cobrar desde hace año y medio, según la documentación municipal a la que ha tenido acceso este periódico. El importe pendiente supera los 1,5 millones. “Desde la semana pasada hay cortes de luz en todos los edificios municipales”, resume la situación Adell.

Triple imputado

Un día después de confirmar a Santos como candidato pese de las advertencias de otros alcaldes y miembros de la dirección regional del PP de Madrid, la presidenta autonómica del partido, Esperanza Aguirre, rectificó y optó por una candidata de Nuevas Generaciones. Lo hizo por el malestar que provocó en su partido la condición de triple imputado de Santos.

La Audiencia Provincial notificó ayer que desestimaba el sobreseimiento provisional que pedía Santos por la causa por prevaricación que tiene abierta por ignorar los continuos informes de la Intervención. El tribunal tomó la decisión tras ver un informe de la Cámara de Cuentas, conocido el pasado marzo, que calificaba las cuentas municipales de “irreales”. Santos suele aprobar los gastos por decreto.

El alcalde también está imputado por la construcción desde 2004 de las cuevas bajo la plaza de Segovia —según Santos tienen una antigüedad de 350 años— por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La oposición calcula que ha desviado para esas obras, paralizadas desde 2011 tras una denuncia del PSOE que el regidor ha ignorado, al menos 25 millones de otros proyectos certificados en falso.

La tercera imputación de Santos, por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, es por un polideportivo que no se terminó de construir, pese a que el Consistorio gastó 10,5 millones en él y la concesionaria 2,7. De acuerdo con los informes de peritaje municipales, al menos cinco millones no se habrían gastado.