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El CatSalut amparó un contrato que benefició a la exempresa de su director

El organismo dejó sin sancionar una subcontratación irregular a Corporación Fisiogestión

Josep Maria Padrosa, director del CatSalut.
Josep Maria Padrosa, director del CatSalut.

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) amparó al grupo Corporación Fisiogestión, del que procede su actual director, Josep Maria Padrosa, en un caso de subcontratación ilegal de una adjudicación pública ocurrido en 2013 en el Alt Empordà. Los inspectores del CatSalut corroboraron la irregularidad, pero este organismo no adoptó ninguna medida que condujera a una sanción para los infractores. El CatSalut tampoco informó de los resultados de su inspección a la empresa denunciante, lo que impidió a esta acudir al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) para lograr la nulidad del contrato.

Los hechos, denunciados ahora ante la Autoridad Catalana de la Competencia, se remontan a la gran adjudicación que el CatSalut hizo en 2012 para los servicios de rehabilitación y logopedia en toda Cataluña. Los contratos fueron concedidos en dos rondas. La primera estaba abierta a los hospitales de la red pública, que pueden solicitar la adjudicación de contratos de forma directa. El resto de lotes fueron luego sacados a concurso público para que compitieran por ellos las empresas del sector. En total, el CatSalut adjudicó contratos por más de 250 millones de euros hasta 2022.

La Fundació Salut Empordà (FSE), que gestiona el Hospital de Figueres, fue una de las que solicitó una adjudicación directa, en su caso el contrato de rehabilitación ambulatoria en el Alt Empordà. La ley permite estas adjudicaciones con la condición de que los centros “atiendan a los pacientes con sus propios medios y no las subcontraten a terceras empresas”, explica José María Gimeno, codirector del Observatorio de la Contratación Pública y catedrático de derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. La ley impone este límite para impedir que estas terceras empresas ganen contratos públicos sorteando los concursos. “Subcontratar a un tercero es una adjudicación directa ilegal”, sostiene Gimeno.

La Fundació Salut Empordà empezó a prestar la asistencia en enero de 2013, pero no lo hizo sola, sino junto a la empresa Fiso Girona, filial de Corporación Fisiogestión. Lo hizo mediante una “alianza estratégica”, lo que despertó los recelos de otra empresa del sector, Centre Assistencial Alt Empordà. La empresa denunció al CatSalut en octubre de 2013 que la alianza estratégica encubría una subcontratación.

EL PAÍS ha tenido acceso a todos los documentos del proceso administrativo. La denuncia destaca que los pacientes son atendidos en dos locales de la comarca —uno situado en el Hospital de Figueres y el otro en Roses— y que “es Fisio Girona la que presta los servicios”. En Roses, además, es “Fisio Girona la propietaria del local”. Según la empresa denunciante, con la alianza estratégica “se ha vetado a otras entidades, entre las cuales está la denunciante, a poder acceder a la prestación del servicio”.

La Inspección Sanitaria tardó menos de dos semanas en elaborar un informe sobre el caso. En él, fechado el 25 de noviembre de 2013, el jefe del servicio —que no cita lo denunciado en el Hospital de Figueres— da la razón al denunciante al constatar sin matices que “la FSE ha subcontratado el servicio de rehabilitación ambulatoria en Roses a Fiso Girona mediante un contrato privado”.

Una adjudicación controvertida

Padrosa apoderado. El CatSalut adjudicó en 2012 varios contratos a seis filiales del grupo Corporación Fisiogestión de las que Josep Maria Padrosa era apoderado. El director del CatSalut y la empresa atribuyeron el caso a un error administrativo.

Otras subcontrataciones irregulares. Como en el caso de Figueres, los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael lograron en 2012 por adjudicación directa contratos de rehabilitación domiciliaria que luego subcontrataron irregularmente a la empresa Codebi.

Filtraciones. Responsables del grupo Corporación Fisiogestión participaron en reuniones preparatorias del concurso de 2012, lo que les permitió conocer con antelación información privilegiada.

El segundo informe sobre el caso tiene fecha de 3 de febrero de 2014 y lo firma el jefe de la Asesoría Jurídica del CatSalut, Rafael Gomáriz. En él se rechaza lo denunciado sobre el Hospital de Figueres al sostener que la “FSE aporta instalaciones, equipos y personal mientras Fisio Girona aporta un consultor senior”. Sobre el centro de Roses, Gomáriz recoge lo constatado por la Inspección, aunque matiza sus conclusiones: “El centro de Roses podría superar los límites de una alianza estratégica hasta convertirse en la figura jurídica de la subcontratación”. En esta línea, Gomáriz alega “la dificultad de fijar los límites entre estas dos figuras jurídicas” para concluir que “sería conveniente reconducir la prestación de este servicio” para que la FSE asuma mayor peso en la gestión del centro.

Basándose en este informe, el director del Área de Atención Sanitaria, Àlex Guarga, dictó el 15 de mayo de 2014 una resolución en la que no contempla sanción alguna a la FSE y Fisio Girona. En cambio, el texto “requiere a la FSE para que asuma la prestación directa del servicio” o “modifique las condiciones de la alianza estratégica para que la FSE ejerza un mayor control”.

El CatSalut desactivó con ambos documentos una hipotética sanción a la FSE y a Fisio Girona. Según José María Gimeno, “la Inspección es la competente para constatar una subcontratación, pero no puede declarar la nulidad de la adjudicación o, en caso de ser necesario que la empresa siga prestando el servicio, una sanción del 20% del importe del contrato”. Los órganos competentes para hacerlo son “el TCCSP o la jurisdicción contenciosa, pero estos no actúan de oficio; es alguna parte perjudicada o con interés directo o legítimo la que debe hacerlo”, añade Gimeno”.

Sobre el caso de Figueres, el catedrático opina que, tras constatar la subcontratación y ordenar cambios en la alianza estratégica, el CatSalut “podía instar a que el TCCSP decretara la nulidad del contrato, pero hacerlo o no es una decisión política o motivada por otros criterios”.

La otra parte legitimada para acudir al Tribunal era la empresa denunciante. Esta, sin embargo, no pudo hacerlo porque nunca le fueron remitidas las conclusiones de la Inspección Sanitaria.

EL PAÍS trató ayer de recabar, sin obtener respuesta, la versión del CatSalut y de Corporación Fisiogestión. La FSE defendió la legalidad de la alianza estratégica y señaló que “en todo momento” ha cumplido “lo dictado por el CatSalut sobre el contrato”. Mientras, la empresa denunciante pidió tiempo para estudiar “las medidas a emprender”.

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