Ciudadanos exige que Gallardón y Leguina dejen el Consejo Consultivo

Cristina Cifuentes (PP) y Ángel Gabilondo (PSOE) deberán “despolitizar” la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo si quieren obtener el respaldo de Ciudadanos para formar Gobierno. La medida, que “no es negociable” para Ignacio Aguado, líder regional de Ciudadanos, supone que dos expresidentes regionales (Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina) tengan que abandonar sus puestos en el consejo. De otra forma, no habrá pacto de gobernabilidad por parte del partido de Albert Rivera. “El que mejor entienda nuestro programa gobernará la Comunidad”, afirma Aguado. El PP tiene 48 diputados y necesita el apoyo de Ciudadanos (17) para lograrlo. A Gabilondo (37), le basta con su abstención y la suma de Podemos (27).

Los partidos políticos han decidido los siete consejeros de la Cámara de Cuentas —organismo fiscalizador de las finanzas públicas— desde que esta fue creada en 1999, aunque el PP y el PSOE parecen ahora dispuestos a “cambiar de hábitos”. El reparto del órgano fiscalizador no fue cuestionado hasta la entrada en 2011 de UPyD en el Parlamento regional. En diciembre de 2000 el PP propuso cuatro nombres, el PSOE dos y uno IU. Seis años después los cargos fueron renovados: el PP obtuvo cinco y el PSOE dos (IU propuso un candidato que no obtuvo el respaldo suficiente). La misma distribución fue aprobada por los diputados de la Asamblea de Madrid en diciembre de 2012. Los consejeros de la Cámara de Cuentas tienen un sueldo mensual de 7.000 euros.

Con su exigencia, Ciudadanos recupera una de las demandas de UPyD, que en sus cuatro años en el Parlamento se negó a entrar en la Cámara de Cuentas y en otros organismos, como el Consejo de Administración de Telemadrid. El partido de Rosa Díez presentó esta legislatura un proyecto de ley que regulaba la elección de los consejeros de la Cámara de Cuentas entre funcionarios con titulación académica superior, así como entre abogados y economistas con más de 15 años de ejercicio profesional. No podrían aspirar a uno de los puestos quienes, durante los diez años previos, hubieran ejercido algún cargo electo o hubieran sido miembros del Gobierno central o del de cualquier comunidad autónoma o corporación local, entre otros. PP, PSOE e IU votaron en contra.

“Si se aceptan nuestras condiciones de regeneración democrática, entraremos en un segundo nivel, donde se tratarán propuestas económicas y de índole social. El resultado determinará nuestra abstención o voto a favor”, señala Aguado.

Ocho de los diez miembros del Consejo Consultivo —organismo que emite dictámenes para el Ejecutivo autónomo— están vinculados al PP y dos al PSOE. El más relevante es, tras su dimisión como ministro de Justicia en septiembre, Alberto Ruiz-Gallardón: como todos los expresidentes de la Comunidad, tiene garantizados un puesto vitalicio, remunerado con 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), un coche oficial y un asistente. Esperanza Aguirre no forma parte del Consejo, que creó en 2007 y que suele reunirse una vez por semana.

El presidente del organismo, Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de José María Aznar, es el otro representante de más nivel relacionado con el PP. Los dos representantes del PSOE son Joaquín Leguina, presidente de la región entre 1983 y 1995 (es el otro consejero permanente de la institución además de Gallardón), y Pedro Sabando, consejero regional de Sanidad entre 1987 y 1995.

PP y PSOE impidieron, frente a IU y UPyD, la supresión del Consejo Consultivo en una votación celebrada en la Asamblea el pasado octubre (UPyD propuso que las funciones del Consejo fueran asumidas por el Consejo de Estado). Las contradicciones del PSOE de Tomás Gómez salieron a relucir en aquella votación, dos semanas después de que el portavoz adjunto en la Asamblea, José Quintana, definiese el Consejo como un “retiro de elefantes populares, monocolor, pues todos sus miembros menos Leguina y Sabando son del PP”, y afirmase que, en caso de ganar las elecciones, el PSOE lo eliminaría. Dos semanas después, los socialistas votaron en bloque a favor de su permanencia.

La postura de los socialistas está más clara ahora, en parte porque Leguina está tan alejado de Gabilondo que no han tenido ningún acto común en las dos semanas de campaña. “El Gobierno regional está muy por encima de los intereses personales de Leguina”, zanjan en la gestora del PSOE madrileño. El equipo de Cifuentes tampoco ve, a priori, la eliminación del Consejo como un obstáculo insalvable.

Donde es seguro que PP y PSOE no pondrán ningún problema es en la eliminación del aforamiento. Cifuentes lleva en su programa su supresión para los 129 diputados regionales y los miembros del Ejecutivo autonómico. Gabilondo está de acuerdo.