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Un colegio obligado a pagar 123.000 euros por prescindir de un docente gay

Una resolución da la razón a un profesor que demandó a un centro por discriminación

El centro concertado Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha sido sancionado con una multa de 122.989 euros por no renovar el contrato de un docente que demandó al colegio por discriminación sexual. El profesor defiende que prescindieron de él después de dar a conocer su homosexualidad. Una inspección realizada por la Consejería de Educación da la razón al profesor y califica de graves las irregularidades cometidas por el centro al que le alude "intencionalidad y perturbación en la prestación de la enseñanza", según la resolución. Este caso, que fue desestimado por una juez de Jerez, está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

"La inspección ha determinado lo que siempre hemos defendido; que el colegio actuó al margen de la ley y con intencionalidad de perjudicarme inventando un procedimiento que nunca se aplicó a ningún otro candidato, evidentemente, para enmascarar sus motivos homófobos", declara el docente, que ya ha incorporado el texto al recurso presentado ante el TSJA, que previsiblemente dictaminará la resolución del caso en los próximos meses. Independientemente de lo que resuelva el TSJA.

La resolución del TSJA será un escalón más en la trayectoria judicial de este caso, que comenzó en enero de 2014 cuando el profesor presentó una demanda contra el colegio religioso en el que trabajaba por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. Parte de la acusación se basó en la grabación de una charla entre el docente y la responsable del colegio, una cinta que presentó como prueba. En la grabación, la responsable del colegio apuntaba que si los padres supieran su orientación podría ser un problema. “No te puedo decir que la cosa vaya a quedar igual (...) Lo mismo no sucede absolutamente nada, que lo dudo, que no creo que... Pero te lo tenía que decir”, dijo la responsable, según la grabación.

El Juzgado de lo Social 3 de Jerez desestimó en mayo de 2014 la demanda del profesor, aunque la fiscalía apreció durante la vista una vulneración de los derechos fundamentales del profesor. Será el TSJA el que determine cómo prosigue el caso, independientemente del veredicto, el centro está obligado a pagar 122.989 euros al profesor.