Alianza Mar Brava lleva a la fiscalía el retraso sobre los sondeos sísmicos
El colectivo denuncia a Medio Ambiente al ver posible prevaricación por no publicar a tiempo la declaración de impacto
Alianza Mar Brava, una organización que integra colectivos sociales y Administraciones públicas (consejos insulares y Ayuntamientos de Ibiza y Formentera), ha presentado este viernes una denuncia ante Fiscalía al considerar que puede existir un delito de prevaricación en la actuación del Ministerio de Medio Ambiente por no publicar en el tiempo de tres meses la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto presentado por Cairn Energy para realizar la campaña acústica como paso previo a las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia y el entorno de Columbretes.
La organización, creada hace dos años en Baleares para luchar contra estas prospecciones, dirige su denuncia contra el secretario de Estado de este ministerio, Federico Ramos Armas, porque “conociendo su obligación de adoptar la declaración de impacto en el plazo máximo de tres meses desde que se recibiera el expediente el 10 de septiembre de 2014, ha actuado contra dicha obligación”, recoge la denuncia. Las acusaciones también se extienden a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental de Medio Natural.
La empresa Cairn Energy solicitó realizar la campaña de sondeos sísmicos (emisiones acústicas de hasta 265 decibelios que se realizarían de forma ininterrumpida cada diez segundos) para obtener información sobre la existencia o no de hidrocarburos. La medida provocó que unas 5.000 personas, entre ellos, pescadores de toda la Comunidad Valenciana, se manifestaran en febrero del pasado año en Castellón. Temen que los peces mueran o huyan. Se presentaron más de 128.000 alegaciones estándar pidiendo el rechazo.
En un primer momento, la intención era realizar sondeos a 11,1 kilómetros de Columbretes. La propuesta pasó a 25,3 kilómetros. Cairn Energy alega que el impacto será “mínimo” aunque admitió el riesgo de mortandad de peces.
Alianza Mar Brava achaca a intereses electorales este retraso en decidir si se aprueban o no los sondeos sísmicos.
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