La expresidenta del PP de Orihuela, a un paso de ser juzgada por tres delitos

La juez de instrucción número tres de Orihuela (Alicante) está lista para decretar la apertura de juicio oral contra la expresidenta del Partido Popular en Orihuela, Pepa Ferrando, y contra siete empresarios por el fraccionamiento de facturas a lo largo de cuatro años cuyo valor asciende a los 339.147 euros. En un auto fechado el 20 de mayo, la juez Carmen Valverde López incoa procedimientos abreviado contra los investigados y da 10 días a fiscalía y acusaciones para que pidan el sobreseimiento o la apertura del juicio.

Ferrando, que concurre a las elecciones del próximo domingo bajo las siglas de Foro Democrático, está imputada por malversación, prevaricación y posible cohecho. La investigación del fiscal Pablo Romero y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) apunta a la exconcejal de Turismo oriolana como responsable de varias operaciones encaminadas a esquivar la concurrencia pública en las contrataciones para los eventos turísticos de Fitur y la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana.

Estos contratos, sujetos a la discrecionalidad de Ferrando, fueron otorgados durante las ferias acontecidas entre 2008 y 2011. Siempre por debajo de los 18.000 euros, que es la cuantía que obliga a que un contrato se obtenga por un concurso público.

Cinco de las nueve empresas que se beneficiaron de las decisiones de la concejal tenían como gestores a tres miembros de una misma familia: Ainhoa, Javier e Itziar Molina Zufira. En cuatro de sus empresas mantenían a la misma administradora, Mercedes Lasa. Todos están imputados junto a dos empresarios, Juan Bautista Rodríguez Miquélez, Juan Ignacio Goñi e Ignacio Alonso Gorostiza.

En su auto, la magistrada observa que “las facturas, a pesar de ser de empresas con nombres distintos, se presentan en el Ayuntamiento todas juntas en la misma fecha”. “Esta circunstancia”, añade, “acrecienta la sospecha de que se trata en realidad de un mismo encargo a pesar de que en la realidad se aparentara que se trata de encargos distintos a empresas distintas y por servicios distintos”. Las pruebas periciales indican que los precios también fueron inflados.

Como ha venido contando EL PAÍS, esta investigación comenzó con la denuncia varios de los concejales de Los Verdes y el PSOE, que accedieron al gobierno municipal en 2011 en un gobierno en minoría. Este cambio de gobierno supuso el fin de una era que comenzó en 1987 con un gobierno de la entonces Alianza Popular y que convirtió a Orihuela en un feudo del PP durante casi un cuarto de siglo.

Pepa Ferrando fue concejal de Turismo durante el mandato de Mónica Lorente, también imputada en al menos tres causas judiciales. La facturación de 2009 quizás sea la más llamativa: 91.580 euros fraccionados en seis facturas de las cuales cinco bordean los 18.000 euros. Una incluso redondea la cifra: 18.000 exactos.

Detalles en el resto de facturas aparecen casi como una invención al despilfarro: 8.262 euros por un olivo tipo bonsái junto a su transporte y montaje, y 12.000 euros por dos focos especiales para un libro, 20 halógenos, un cuadro de luz y el olivo. Todo en el mismo año.

A Ferrando le comunicó el PP su expulsión del partido en diciembre de 2014 cuando la dirección provincial de Alicante instó a sus concejales oriolanos a votar una moción municipal para que no hubiera partidos con imputados en sus candidaturas. Ella se negó a votarla junto a otros concejales y acusó de intromisión a la dirección provincial. Hasta entonces el propio presidente Alberto Fabra había defendido las dos mociones de censura que Ferrando llevó a cabo sin éxito en Orihuela.