Más de 4.000 firmas se oponen a la creación del consorcio del Clínic

Trabajadores y usuarios del hospital Clínic de Barcelona han presentado esta mañana las más de 4.000 alegaciones que han recogido hasta el momento en contra de la creación de un consorcio sanitario en el centro. El hospital, sin figura jurídica desde que en 2008 el Estado traspasara su titularidad a la Generalitat, está en pleno proceso de conversión en un consorcio público, tal y como acordó hace dos años el Parlament. Sin embargo, la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de los estatutos del nuevo ente — que estará formado por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y la Universidad de Barcelona (UB)— ha abierto la caja de los truenos y ha movilizado a pacientes y empleados contra una figura jurídica que, aseguran, favorece un "privatización encubierta" del centro.

Apenas un mes después de que el Departamento de Salud frenase la creación de otro consorcio sanitario en Lleida tras un aluvión de alegaciones en contra, el Clínic ha abierto también su propio período de información pública para recoger los alegatos a favor y contrarios al nuevo ente. El proceso, estancado en los últimos meses, se reactivó después de que el Comité de Delegados Médicos del centro y el Colegio de Médicos de Barcelona pidiesen a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que agilizase el procedimiento. Los médicos, que iban a formar parte de la titularidad del centro, se bajaron del carro de la gobernanza para disipar los rumores de privatización y apresurar la constitución del nuevo ente. Sin embargo, este paso atrás no ha tranquilizado a los trabajadores y usuarios, que insisten en que los estatutos blindarán la actividad privada que ahora se realiza a través de Barnaclínic, el brazo privado del centro público, que comparte trabajadores e infraestructuras con el Clínic. El documento también especifica que el centro prestará asistencia sanitaria "en régimen de cobertura mayoritariamente pública", lo que podría permitir que Barnaclínic u otras entidades privadas copen hasta un 49% de la actividad, explica Vicenç Ortega, portavoz del sindicato Lluitem y uno de los impulsores de la recogida de firmas.

"La forma jurídica del consorcio se elige para regirse por el derecho privado, que puede derivar en una violación del principio de acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad en la sanidad", denuncia el escrito de alegaciones. Los estatutos, aseguran los firmantes, "deja la puerta abierta a que entidades privadas entren en el Consejo de Gobierno", ya que las bases señalan que entidades privadas sin ánimo de lucro también pueden participar en la gestión del consorcio.  "Los estatutos permiten violar los principios de universalidad, equidad y gratuidad mediante diferentes vías de privatización: directa, mediante realización de actividad privada en los centros del consorcio; e indirecta, mediante la gestión privada y por los mecanismos del propio funcionamiento que pueden regirse por el derecho privada", señala el documento.

Los trabajadores y usuarios también han denunciado que "se ha vetado la participación democrática" de los empleados en las bases del nuevo ente y han rechazado la carta presentada por el Comité de Delegados Médicos del hospital en el que se mostraban favorables a la creación del consorcio. "Yo, como trabajador de base del Clínic no me siento representado ni identificado con las manifestaciones a favor del consorcio. Lo que había que preguntar es por qué los otros están a favor", ha lanzado Ortega. Los opositores a la nueva figura jurídica proponen abrir un debate y discutir la posibilidad de que el Clínic entre dentro del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

El escrito de alegaciones en contra ha contado además con el apoyo de más de 40 instituciones, entre las que se encuentran partidos políticos como Barcelona en Comú o la CUP, y plataformas sociales como la Marea Blanca de Cataluña, Dempeus por la Salud Pública, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) y el sindicato CATAC-STS/IAC, entre otros. Los firmantes han pedido a Salud que "frene la privatización encubierta a través del consorcio y que garantice el acceso gratuito y universal a la sanidad". Además, ha solicitado a los grupos parlamentario que "se posicionen en contra" del nuevo ente y que la UB "no firme" el convenio regulador del consorcio.