El exvicealcalde Grau presenta su escrito de defensa en el caso Nóos

 El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha registrado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de defensa en el caso Nóos, en el que está acusado de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

Grau ha sido el último de los 18 acusados del caso Nóos que ha presentado su escrito de defensa, tras lo cual el juez José Castro remitirá la causa a la Audiencia Provincial en breve para su enjuiciamiento, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Sin incluir el escrito de la defensa de Grau, el caso Nóos abarca ya cien tomos, en un sumario que supera los 44.000 folios a los que se añaden otras tantas páginas de anexos, un material que la Audiencia de Palma recibirá en cuestión de días.

La Audiencia de Palma acordó el pasado 2 de marzo, contra el criterio expresado por el juez instructor en su auto de apertura de juicio oral, que el exvicealcalde se siente en el banquillo por varios presuntos delitos de corrupción.

Grau dimitió de sus cargos políticos el 16 de marzo por dicho procesamiento en el caso Nóos.

Solo el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y Manos Limpias, que ejercen de acusación popular en esta causa, acusan al exvicealcalde.

La Audiencia estimó el recurso de apelación presentado por los socialistas valencianos contra el auto de apertura de juicio oral que excluía al entonces vicealcalde, por entender que existen indicios de que Grau pudo cometer delitos por su relación con la presunta trama corrupta en torno a la actividad de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.

El tribunal provincial señaló en su auto que de la instrucción del caso Nóos se desprende que el exvicealcalde "fue impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía, y el Instituto Nóos para organizar tres foros sobre deporte y diseñar la candidatura para unos Juegos Europeos, servicios por los que la entidad de Urdangarin y Torres cobró 3,5 millones de euros.

Los magistrados señalaron que el vicealcalde promovió los contratos "tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FTVCB".

La Audiencia reiteró que, aunque materialmente la fundación actuaba como una entidad privada, "se refugiaba" en esa naturaleza jurídica "pese a que en realidad era de interés público, para burlar las normas de contratación, las cuales, cuando menos a partir de marzo de 2005 (el convenio para el segundo foro Valencia Summit se firmó en octubre de ese año), le eran de obligado cumplimiento".