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Los padres de Asunta: ¿acusados o sentenciados?

El abogado de Rosario Porto, asesorado por un psicólogo, preguntará a los elegidos para el jurado popular si llegan con una opinión preconcebida sobre el asesinato de la niña.

“Creo firmemente en que la justicia emana del pueblo”, recuerda la acusación popular

Rosario Porto conducida por la policía, en septiembre de 2013.
Rosario Porto conducida por la policía, en septiembre de 2013.

En la provincia de A Coruña hay 36 personas que van a recibir una carta de la Audiencia citándolas para un juicio en Santiago el próximo 23 de junio. Se les dirá que han sido elegidos por sorteo para formar parte de un jurado popular entre una base de 998 nombres que se renueva en años pares. Pero no se les especificará cuál es el crimen que se juzga. La primera sesión del juicio a los padres de Asunta Basterra Porto, la niña de 12 años asesinada en septiembre de 2013, se anuncia larga y difícil: las 14 mujeres y 22 hombres elegidos como posibles jurados irán entrando uno a uno para responder a las preguntas de los abogados que defienden a la madre, la también letrada Rosario Porto, y al padre, el periodista Alfonso Basterra.

También serán examinados por el fiscal y los abogados de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular. Para empezar, el representante de Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, solicitará al juez que preside el proceso, Jorge Cid, entrar en la sala con “un psicólogo para examinar el perfil de los candidatos”. Avanza que las primeras preguntas que les hará serán las siguientes: “¿sabe usted para qué juicio ha sido convocado?”; “¿conoce el caso Asunta?”; “tiene una opinión formada sobre lo que ocurrió el día de autos?”.

Aranguren —que insiste en que “no hay pruebas de cargo y todo es humo”— tiene la certeza de que a la primera cuestión todos van a contestar que sí. A la segunda, seguramente responderán que saben lo que han visto en prensa y televisión. La tercera es la más controvertida. El abogado recuerda aquellos días de registros domiciliarios y reconstrucciones en los que la gente se abalanzaba con ánimo de linchamiento sobre el coche de la policía judicial en el que trasladaban a su clienta. “Era algo nunca visto, porque los gallegos no somos dados a estas manifestaciones públicas” y tumultuosas, dice. “Desde el principio, en este caso ha habido personas que han defendido que los imputados no merecen este trato y otras que ya los han condenado sin juicio”.

Sobre el crimen de Asunta, en programas matutinos y nocturnos, en periódicos y revistas, ya se ha contado todo: “Lo que está en el sumario; lo que estuvo y cuando dejó de convenir a la instrucción desapareció (lagunas de hasta 200 folios, eliminadas por una diligencia), y lo que jamás llegó a estar”. El letrado se refiere por ejemplo a episodios delirantes como el del asesinato por la herencia de los abuelos (enseguida se supo que no era Asunta, sino Porto la heredera universal); el presunto selfie de Basterra ante el féretro o la interpretación de un supuesto experto grafólogo que vislumbraba conexiones entre la rúbrica de la acusada y una secta.

Un jurado que no está contaminado tiene más frescura que jueces que llevan años y tienen vicios adquiridos

José Luis Gutiérrez Aranguren

“Un jurado que no está contaminado puede tener mucha más frescura que unos jueces que llevan años y tienen vicios adquiridos, que caen en los resabios y lo predeterminado”, sigue el penalista, “pero es que la repercusión de este caso no tiene comparación con ningún otro en España”. Ricardo Pérez Lama, letrado de la Clara Campoamor, no tarda ni medio segundo en poner un ejemplo: “El caso Bretón”. “La alarma social fue incluso mayor, corrieron ríos de tinta... Y hubo jurado popular”. “Estoy convencido hasta la médula de la culpabilidad de Porto y Basterra, y con la misma firmeza creo que el jurado está capacitado para actuar en conciencia, y que la justicia emana del pueblo”, añade Pérez Lama. “Se trata de un mandato constitucional claro”, recuerda; a partir de ahí “es misión del magistrado tomar las medidas oportunas para evitar contaminaciones o manipulaciones” si se detectan.

En total, entre Aranguren y la letrada de Basterra, Belén Hospido, podrán recusar a cuatro candidatos al jurado “sin más explicaciones”; y la acusación, a otros cuatro. A continuación, dice el primero, para descartar a más personas de la lista tendrá que argumentar “con fundamento” que están “contaminadas” y no son idóneas para deliberar libremente y sin prejuicios antes del veredicto que puede acabar, o no, con los padres adoptivos de la pequeña en prisión por un tiempo que podría llegar a los 20 años, tal y como pide la acusación popular.

El jurado lo compondrán los primeros 11 (nueve más dos suplentes) que pasen el filtro. Pero Aranguren anuncia que, si es necesario, recusará “a 500” antes de empezar. Estas personas solo vivirán aisladas y en un hotel durante las deliberaciones. Eso, tras escuchar durante tres semanas a más de 100 testigos y peritos, y resistir, además, a un aluvión de noticias.