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Fiscalía pide 20 años para Vicente Sanz por delitos sexuales

Reclama un 245.000 euros en concepto de indemnización por el daño causado a las denunciantes

La Fiscalía solicita 20 años y nueve meses de cárcel para el exsecretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Vicente Sanz, por presuntos delitos de carácter sexual contra tres trabajadoras del ente público, cometidos entre 2007 y 2010. En el escrito de acusación remitido por el fiscal a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, el ministerio público reclama, asimismo, tres indemnizaciones a las víctimas que suman 245.000 euros, según fuentes próximas al caso. Estas cantidades corresponden a la responsabilidad civil para compensar el daño ocasionado. La entidad es responsable civil subsidiaria.

 La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el 17 d abril la conclusión de sumario que en 2011 dictó la juez instructora del caso y decidió abrir juicio oral al directivo de la radiotelevisión pública valenciana.

Las tres exempleadas de Canal 9 denunciaron en febrero de 2010 en los juzgados de Paterna a Sanz por acoso sexual en el trabajo. Las víctimas relataban en su denuncia vejaciones sexuales, obscenidades y amenazas por parte del ex número dos de la cadena pública.

 El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna consideró que el acusado, destituido de su cargo en mayo, es decir, hace ahora cinco años, se había aprovechado de su puesto para obtener favores de naturaleza sexual de las denunciantes.

El juez le imputó a Sanz un delito de abuso sexual de los artículos 181.3 y 181.4 del Código Penal, a los que corresponde una pena de hasta 10 años de prisión. El magistrado consideraba que existen en la actuación del procesado indicios racionales de criminalidad en calidad de autor, conclusión a la que llegó por las declaraciones de las víctimas y de los testigos.

Vicente Sanz ocupaba el cargo en RTVV desde 1995, cuando Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat. Ostentó la presidencia de Partido Popular en la provincia de Valencia entre 1993 y 1994, responsabilidad que dejó tras divulgarse una ya célebre grabación en la que afirmaba estar en política para “forrarse”, registrada propósito de la adjudicación supuestamente irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm (Alicante) a una empresa.

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