Vecinos de Granada llevan al fiscal la contaminación por gases y ruido

Los vecinos de la calle Rector Marín Ocete de Granada han denunciado al Ayuntamiento que encabeza José Torres Hurtado (PP) por convertir esta vía en una parada de autobuses. Los afectados señalan que la calle, situada cerca de un colegio, instalaciones deportivas y comedores universitarios, se ha convertido en una “nueva estación” pese a que la normativa no permite que las líneas urbanas y metropolitanas tengan en este punto su origen o destino final. Ahora, la fiscalía deberá determinar si, efectivamente, el Consistorio de la capital incumple con la normativa medioambiental, como sostienen estos vecinos.

Desde hace más de tres años, los denunciantes sufren las molestias ocasionadas por el tráfico “desmedido” en esta vía, próxima a la estación de trenes, según consta en la denuncia presentada ayer. El problema se agravó, sin duda, hace casi un año tras la puesta en marcha del nuevo sistema de autobuses de la capital, con las Líneas de Alta Capacidad (LAC). Su funcionamiento ha permitido descongestionar el tráfico en las principales calles del centro, pero también ha ocasionado problemas en los transbordos y las conexiones entre barrios.

La calle Rector Marín Ocete tiene unos 200 metros y hace ángulo recto. Está situada en el centro, entre un área universitaria, residencial y escolar, donde el continuo tránsito de autobuses desde las 6.00 hasta las 23.00 produce “contaminación acústica y medioambiental que perjudica la salud de los cientos de niños que hay escolarizados en el colegio público Luis Rosales”, a escasos 15 metros del lugar donde estacionan los vehículos, según los vecinos. Autobuses con destino a municipios como Valdemoro, Fuente Vaqueros o Albolote; y las líneas urbanas de la compañía Rober y otra con destino al Pantano de Cubillas ofrecen su servicio desde este punto.

Los denunciantes argumentan que se incumple la ordenanza municipal medioambiental, puesto que los decibelios están “por encima de lo legalmente establecido para un suelo de tipo docente, que es el que predomina en la zona”. Igualmente, en el escrito de denuncia consta que se quebranta la ordenanza de circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad puesto que en ella se detalla que “los autobuses no podrán permanecer en estas más tiempo del necesario para recoger o dejar pasajeros, salvo las señalizadas como origen o final de línea, que estarán en estaciones de autobuses o terminales autorizadas”. La denuncia está presentada por la comunidad de propietarios del número 10 de esta calle y la firman 23 vecinos.

Como alternativa, el Consorcio de Transporte Metropolitano de la Junta de Andalucía ha elaborado un anteproyecto para crear una parada en la avenida de Andaluces —a escasos metros de la citada calle— y aprovechar así las obras de la nueva estación del AVE. La propuesta ha sido trasladada tanto al Ayuntamiento como a Adif y a la Universidad de Granada, propietaria de los terrenos.

Debido al intenso tráfico en la calle, el consorcio de autobuses ha establecido una serie de medidas para mitigar la contaminación acústica y medioambiental. Pese a ello, el organismo defiende que tiene el permiso municipal para utilizar la calle como origen o final. Asimismo, insiste en que antes había más líneas de metropolitanos. Sin embargo, los vecinos critican que ahora hay más autobuses urbanos.

En cualquier caso, las medidas planteadas no se cumplen siempre. Los autobuses privados no pueden entrar en la calle, pero lo hacen. Los metropolitanos no pueden dejar el motor en marcha durante las paradas no inmediatas. Algo que tampoco se respeta, lamentan los afectados. Los conductores de los autobuses urbanos tampoco pueden dejarlos encendidos si la parada no es inmediata, si bien a veces lo hacen por mantener el aire acondicionado o agilizar la salida siguiente. El caso, argumentan los vecinos, es que los humos, gases y ruidos son evidentes y llegan no solo al colegio sino también a los edificios colindantes.

Los vecinos han mantenido reuniones con distintos representantes del Ayuntamiento y se han logrado algunas mejoras, leves, y de forma discontinua. La Policía Local ha hecho un seguimiento de su cumplimiento, pero en general se continúa haciendo un “uso indebido” de la calle. Los grupos de la oposición también han mostrado su rechazo a este problema y cargan contra el gobierno municipal y la implantación de la LAC.