Prefieren ser inmorales

Dos buenas teorías, una de la moral y otra del derecho, deberían distinguir precisamente entre lo que es moral y lo que es jurídico. Si esta distinción se acepta habría cuatro posibilidades lógicas de vinculación entre ambos sistemas normativos. Una acción puede ser moral y jurídicamente aceptable, puede ser jurídica pero moralmente inaceptable, puede ser moral pero jurídicamente inaceptable y, por último, puede ser tanto moral como jurídicamente inaceptable.

La primera posibilidad de actuación no ofrece dudas. Nada me impide, y en algún caso me obliga, hacer aquello que está justificado desde un punto de vista moral y desde una perspectiva jurídica. No habría objeción alguna a esta conducta. Este sería el comportamiento ideal. Su contracara supone que una acción es a la vez inmoral e ilegal. Ningún argumento puede usarse a favor de esa conducta. Ningún sistema ideal lo justificaría.

Estos dos primeros casos son claros y señalan con rotundidad qué se puede o debe hacer, y qué no se debe hacer. Las otras dos alternativas, en cambio, pueden generar alguna discusión. Hay quienes dan primacía a lo moral sobre lo jurídico. La historia nos muestra numerosos ejemplos de quienes han decidido desobedecer leyes por razones morales. Antígona es uno de ellos. Y Henry David Thoreau, quien gustaba decir que el lugar de las personas justas en un sistema injusto es la prisión, es otro. Se prefiere ser moral a riesgo de ser considerado un delincuente.

Hay quienes, en cambio, asignan prevalencia a lo jurídico sobre lo moral. Se prefiere cumplir con la ley aunque sea éticamente injustificable. Se evita ser tildado de delincuente a cambio de asumirse como inmoral. No hace falta ser positivista para sustentar esta posición. Incluso una persona como el diputado del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte, que estudió Religión en su escuela puede abrazarla sin rubor alguno, como así lo manifestó, quién sabe si con un deje de cinismo.

Martínez Pujalte se apresuró a aceptar su propia inmoralidad, es decir, la no aceptabilidad ética de sus comportamientos

El diputado Martínez Pujalte cobró una asignación mensual de 5.000 euros por asesorar a un empresario cuyos negocios están dirigidos fundamentalmente hacia el sector público. Según sus propios dichos, tal asesoramiento fue autorizado por el Parlamento por una parte y, al mismo tiempo, convino que tal asesoramiento era éticamente inaceptable, esto es, inmoral.

No discutiré aquí si la autorización parlamentaria puede cubrir el asesoramiento de diputados a empresas que contratan con el Estado, aunque tenga mis dudas. Si así lo hiciera, el diseño institucional deja mucho que desear, dado la posibilidad de colusión, por esa vía, entre intereses públicos y privados.

La idea del PP de ampliar la compatibilidad de los legisladores para desarrollar actividades privadas al margen de su función pública no hace sino aumentar el riesgo de comportamientos corruptos.

El propio Martínez Pujalte se apresuró a aceptar su propia inmoralidad, es decir, la no aceptabilidad ética de sus comportamientos. Prefiere asumir, y que le señalen, como inmoral tal vez en la creencia —¿equivocada?— de que tal calificativo no supone coste alguno. Que el comportamiento inmoral es una cuestión secundaria sin mayor importancia. Que lo importante es ganar dinero sin detenerse a considerar si los medios son éticamente justificados o si afecta al cargo público que ostenta.

Mientras tanto, el atribulado ciudadano asiste al espectáculo pensando si vale la pena imitar a estos exitosos y autorreconocidos inmorales. El impacto catastrófico que ello tendría sobre el comportamiento ciudadano y sobre la democracia no serían difíciles de prever.

El PP ha cerrado filas en torno a Vicente Martínez Pujalte y a otros cargos. No puede permitirse observar el paseíllo por los tribunales de justicia de más representantes políticos de su formación. A otros, en cambio, no les sirve de escudo protector. Los dirigentes populares sabrán la razón.

Comportamientos inmorales como los de Vicente Martínez Pujalte deberían quedar erradicados de la vida política española. Ni el PP, ni cualquier otra fuerza política, deberían sostener, apoyar y defender a quienes así se comportan. La democracia y la desafección ciudadana también están en juego mientras haya quienes desde el poder prefieran ser inmorales.

Jorge F. Malem Seña es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra