Mónica Lorente se enfrentará a su primer juicio el 22 de octubre

La exalcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, ya tiene fecha para el primero de los juicios que afrontará por su gobierno de la capital de La Vega Baja. EL 22 de octubre de este año han sido citados por el juez de lo penal de la sala número tres de Orihuela tres técnicos municipales como testigos de un caso en el que se acusa a la exregidora y diputada provincial de haber falseado los documentos de las obras de una plaza.

Esta es el primer juicio que afrontará Lorente, imputada también por el caso Brugal, una trama político-empresarial que cogió velocidad durante su mandato entre 2007 y 2011 y que constituye un paradigma de la promiscuidad entre lo público y lo privado. Junto a la alcaldesa se sentará el exconcejal de Pedanías Antonio Rodríguez Murcia, también acusado de falsedad documental.

El caso Escorratel, como popularmente se ha conocido a la pieza judicial en cuestión, se refiere a las obras realizadas en la plaza del mismo nombre y que desarrolló el empresario Roberto Pertegal, entonces en la ejecutiva local del PP y pariente de la expresidenta de los populares oriolanos, Pepa Ferrando, hoy expulsada del partido e investigada por su gestión en la Concejalía de Cultura durante el gobierno de Lorente.

Las obras fueron adjudicadas tres semanas después de ser inauguradas. En el expediente administrativo no consta fecha de iniciación o finalización de estas. Las alegaciones presentadas por los acusados se basaron en una presunta involuntariedad y en que la reforma de la plaza Escorratel se habría realizado antes de su adjudicación por un “malentendido” con la mercantil ejecutora. Desde el inicio de la investigación judicial varios concejales han perdido la condición de imputados hasta quedar solo Lorente y Rodríguez Murcia.

El juicio que se abre a Lorente es el primero que afronta la política, cuyo equipo de gobierno ha llegado a estar imputado al completo por diversas causas judiciales. Lorente está investigada también en la pieza del caso Brugal sobre la adjudicación del plan zonal de residuos comarcal, en la que está imputada por tráfico de influencias.

Junto a ella están imputados por diversos presuntos delitos el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, además de los empresarios Enrique Ortiz -también procesado en el caso Gürtel-, Ángel Fenoll y una treintena de personas más. Por dos veces ha evitado la alcaldesa declarar en esta causa, la segunda debido a su embarazo, que esta semana pudo cumplirse felizmente.

El caso Brugal, que comenzó con una investigación en 2006 por el presunto amaño de la contrata de basuras de Orihuela, cogió alas durante el mandato de Lorente. La investigación desembocó en una veintena de piezas que pusieron bajo sospecha a tres exalcaldes oriolanos y a dos alicantinos. Salpicó al gobierno de la política hasta el punto de que ponerse en duda la financiación de la campaña que la llevó al poder en 2007, presuntamente costeada por uno de los cabecillas de la trama y contratista municipal, Ángel Fenoll.