El juez concluye que hubo amaños en las oposiciones a bombero de Córdoba

El magistrado del juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, va a sentar en el banquillo a nueve acusados de amañar las oposición a bombero del Ayuntamiento de Córdoba de los años 2008n y 2009. el Consistorio sacó a oposición 25 plazas para el Cuerpo de Bomberos municipal. Se presentaron más de 1.600 aspirantes, que se enfrentaron a una dura y prolongada oposición. Solo 130 llegaron al último examen, la parte práctica. Entre todas las preguntas, la número 23 —aparentemente sencilla— quedó en blanco en las pruebas de los siete aspirantes que más nota obtuvieron. Los siete están acusados de tráfico de influencias, junto a dos miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de CCOO, acusados de prevaricación y revelación de secretos. El juez está a la espera de la calificación de la Fiscalía, las defensas y la acusación particular.

La investigación se ha prolongado casi dos años. De las diligencias practicadas, el juez considera que existen "indicios racionales" de que M. T. C., miembro destacado de la Junta de Personal del Ayuntamiento, "decidió, aprovechando la oportunidad que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Córdoba brindaba a su sindicato, Comisiones Obreras, para designar a uno de los miembros del Tribunal", presentarse como vocal de esa oposición. Y lo hizo, subraya el magistrado, a pesar de saber que la vocalía era incompatible con su puesto de representante de un sindicato presente en la Junta de personal. Y lo hizo, subraya Laínz: "Con la intención de favorecer a un grupo determinado de aspirantes, que finalmente quedaría configurado por los también encartados", señala en referencia a los siete opositores presuntamente conchabados. El noveno acusado es O. L. C., otro bombero "integrante igualmente de la Junta de Personal, y en quien concurría idéntica incompatibilidad" que con el vocal acusado de la oposición y al que el juez califica como "cerebro

En su escrito, el juez relata cómo el vocal de CCOO "destacó", durante las sesiones del Tribunal Calificador previas al ejercicio práctico "por su participación en reuniones" en las que supuestamente habría conseguido rebajar el nivel exigible del permiso de conducción, favoreciendo de este modo, cuando menos la posición de uno de los imputados, hijo de un sargento del cuerpo de bomberos. Además, el mismo vocal tuvo una actitud "claramente favorable" a tratar de obviar requisitos físicos exigidos en procesos selectivos anteriores. Paralelamente, O. L. C consiguió "introducir la mayor parte de las preguntas técnicas en uno de los dos ejercicios".

El juez concluye que el amaño terminó de cerrarse cuando los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento imputados diseñaron una “estrategia” para reconocer el nombre de los que firmaban el examen cuando posteriormente fueron a corregirlo. Éste sería el caso del principal imputado, Ó. L. C., al que el juez acusa de ser el cerebro de la “estrategia”. Esta estrategia consistía en que los siete aspirantes a bombero (que aprobaron su plaza) imputados se equivocarían en la misma pregunta y contestarían de la misma forma otras dos cuestiones “dificilísimas” del examen tipo test al que se enfrentaban.