El Gobierno advirtió a Barberá del “creciente deterioro” de El Cabanyal

La Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura advirtió el pasado febrero al Ayuntamiento de Valencia del deterioro arquitectónico y social de El Cabanyal, un barrio del frente litoral de la capital con un conjunto histórico protegido. Este enclave, singular por su trazado original, acusa un proceso de degradación tras 15 años de batalla judicial entre vecinos y Gobierno local por un plan urbanístico que prolongaba una avenida hasta el mar, arrollando más de 1.600 casas del barrio. El proceso de degradación se ha acelerado por la suspensión desde 2010 de licencias de rehabilitación. Un auténtico enredo judicial por el empeño del PP en imponerlo a los vecinos críticos sin diálogo ni consenso.

“Se tienen indicios de que el conjunto histórico del Cabanyal [Bien de Interés Cultural desde 1993] puede estar siendo objeto de un creciente deterioro, tanto en términos de abandono y degradación arquitectónica como en términos sociales”, apuntó Cultura sutilmente en febrero de 2015 en la resolución con la que se dio inicio a la revisión de la orden ministerial que suspendió en 2009 el plan de la prolongación por expolio. La dirección general recogía en el escrito la preocupación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando —órgano consultivo del ministerio— por la degradación del barrio. No es la única queja que ha llegado al director general de Bellas Artes Miguel Ángel Recio.

La proximidad de las elecciones locales del 24 de mayo y el hartazgo de vecinos y comerciantes de El Cabanyal por la negativa del Consistorio a otorgar licencias —pese a un informe favorable de la Abogacía del Estado de 2010— ha colocado a Barberá contra las cuerdas. La firmeza del Gobierno español, ya en manos del PP, a la hora de mantener una orden rubricada por la anterior administración socialista, ha desbaratado también el empeño de la alcaldesa.

La regidora lo ha intentado todo para sacar adelante su prolongación de la avenida, incluso redactó a mediados de 2014 otro plan con menos derribos de casas de los previsto en el original —1.300 casas demolidas frente a más de 1.600—. Pero, a juicio de vecinos críticos y grupos de la oposición, es tan agresivo como el anterior porque estrecha la prolongación pero la mantiene. Cabe recordar que la orden ministerial suspendía el plan de reforma de 2001 temporalmente —porque expoliaba patrimonialmente el barrio— hasta que Barberá redactase otro respetuoso con el entorno. Solo después de estudiarlo, pedir informes independientes y demostrar que no se hacía un daño irreparable, se revocaría la orden de Cultura, uno de los grandes anhelos de Barberá, que se querelló incluso contra la ministra Ángeles González-Sinde por auspiciarla. La regidora ha tardado cuatro años en redactar uno nuevo y ha colmado la paciencia de los afectados. Las presiones contra Barberá se han multiplicado.

Las dos Administraciones —la estatal porque se encontró una orden en vigor y bien fundamentada, y la municipal que necesita volver a dar licencias de obra en el barrio sin que parezca una derrota— iniciaron este proceso a principios de 2015 y el Gobierno local levantó el veto a las licencias el 24 de abril. Los vecinos —partidarios y contrarios a la prolongación— han dado la bienvenida a la medida, si bien la tacharon de electoralista.

Pero la oposición ni perdona ni olvida tantos años perdidos por el enconamiento de la regidora de Valencia. El grupo municipal de EU ha pedido a la Fiscalía que investigue si el gobierno de Barberá ha cometido un delito de prevaricación con las licencias. Y el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, ha desvelado que de toda la correspondencia que han cruzado ministerio y ayuntamiento se deduce que este último intentó en marzo pasado que el Ministerio de Cultura anulara la orden de expolio “por decreto y sin los preceptivos informes” independientes.

Para fundamentar su solicitud, el Consistorio envió al Ministerio de Cultura un informe jurídico remitido “con un anexo anónimo y sin fecha”. En el documento, el Gobierno local minimiza la declaración BIC del conjunto histórico porque “afecta solo a siete calles, siempre ha estado dividido en dos, y además las iglesias del Rosario y de los Ángeles, así como el Mercado de El Cabanyal, que son los edificios más emblemáticos, no están en la zona del ámbito”, argumentó en el escrito el Ejecutivo que preside Barberá.

El informe municipal “es obsoleto porque no menciona las reiteradas sentencias que avalan la orden ministerial, no contiene argumentos jurídicos y parte del año 2009, como si antes no hubiera sucedido nada con El Cabanyal”, añadió Calabuig. El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, replicó con dureza: “Parece que el PSPV no quiera que se den licencias”.