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El TSJA se suma al Supremo y reitera a Alaya que debe dividir el ‘caso ERE’

El alto tribunal andaluz cree que la propuesta del fiscal es “sumamente razonable”

Francisco Vallejo, a su llegada al TSJA. Ampliar foto
Francisco Vallejo, a su llegada al TSJA. EFE

Y van tres. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) se sumó este lunes al Tribunal Supremo y a la fiscalía para reclamarle a la juez Mercedes Alaya que divida el caso ERE en bloques para hacer manejable esta macrocausa, que suma 272 imputados y sigue al alza. Sin embargo, es harto improbable que Alaya cambie de criterio, al menos hasta que la Audiencia de Sevilla se lo ordene tras el recurso que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción.

A principios de año, la juez se revolvió contra la decisión del Supremo y calificó la división del caso de “absurdo procesal” porque ella entiende que el sumario es “inescindible”. El alto tribunal entiende que la partición hará progresar la investigación a mayor ritmo e impedirá las prescripciones de delitos, algunas de ellas ya denunciadas por Anticorrupción ante la antigüedad de las ayudas.

Este lunes, el juez instructor del alto tribunal andaluz, Miguel Pasquau, remitió a Alaya la causa sobre los cuatro exconsejeros de la Junta después de que perdieran su condición de aforados al no renovar como diputados por el PSOE en el nuevo Parlamento. “Parece sumamente razonable y conveniente dividir la causa en diferentes piezas separadas, permitiendo el tratamiento (y en su caso enjuiciamiento) separado de los aspectos que presenten suficiente autonomía”, subraya Pasquau. La propuesta de división del caso ya es conocida: un bloque para el procedimiento de pago empleado en los ERE —que atañe al diseño del fondo y que afecta a los aforados en el Supremo como parte de la cúpula de la Junta—, otra para las sobrecomisiones pagadas a las consultoras y bufetes de abogados, y una última rama compuesta por las más de 200 ayudas que subvencionó el Ejecutivo autónomo entre 2001 y 2010.

El exinterventor, ante el Supremo

Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta, declara este martes ante el Tribunal Supremo a petición propia. Lo hace tras las declaraciones de los dos expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los tres exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno ante el instructor del caso. Chaves y Griñán, en sus declaraciones, afirmaron que no les llegaron los informes del interventor que alertaban del inadecuado procedimiento de pago de los ERE.

En su defensa, Gómez ha subido el tono de sus ataques contra los expresidentes a medida que estos ratificaban ante el juez instructor que el error fundamental que propició los ERE fue la ausencia de un informe de actuación por parte de Gómez que alertara del menoscabo de fondos públicos.

Gómez estima que las declaraciones de Chaves y Griñán contienen “numerosas manifestaciones absolutamente inciertas”. El exinterventor entiende que los dos le derivaron “falazmente responsabilidades que sólo a ellos incumben”, según un escrito que presentó ante el Supremo.
La cúpula de la Junta ha esgrimido que el exinterventor se limitó a emitir informes de cumplimiento que no debían llegar al consejero de Economía y Hacienda —en primer lugar Griñán y luego su sucesora Carmen Martínez Aguayo— y menos al presidente de la Junta. Los informes de cumplimiento señalan irregularidades, pero no lo suficientemente graves como para que su conocimiento alcance el máximo nivel político, según los ex altos cargos.
El interrogatorio de Gómez será muy técnico e intenso, dado que las defensas de la excúpula de la Junta intentarán subrayar su inacción.

Pasquau rebate la “conexión funcional” que esgrime Alaya para mantener unida la causa: “No es argumento definitivo ni suficiente como para, en aras del principio de continencia de la causa, agrupar todas las conductas en una macrocausa cuyo volumen y número de imputados presenta dificultades y problemas de manejabilidad procesal que dificultan en extremo un tratamiento adecuado y provocan una indeseable demora del enjuiciamiento”.

De este modo, el juez instructor concluye las breves actuaciones iniciadas esta primavera tras ordenarlo el Supremo y haber tomado declaración a tres exconsejeros. Pasquau entiende que Alaya debería remitir las actuaciones sobre los cuatro ex altos cargos imputados Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo al Supremo, pero la potestad sobre esta cuestión es de Alaya. El instructor de la Sala de lo Penal del TSJA estima que es “absolutamente evidente” que el diseño del fondo de los ERE no puede obtener “respuestas diferentes para las diferentes personas intervinientes”, por lo que deben agruparse en un solo procedimiento. Es decir, la supuesta confabulación del Gobierno para crear un sistema mantenido durante una década no puede ser investigado en el Supremo y al mismo tiempo examinado por Alaya, que ha interrogado a 20 ex altos cargos de la Junta y ahora afronta la declaración de estos cuatro exconsejeros.

En la causa permanecen imputadas 263 personas en el juzgado de Alaya, además de estos cuatro exdiputados autonómicos y los cinco diputados a Cortes y senadores que investiga el Tribunal Supremo, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pasquau lo resume a la manera alambicada de los jueces: “Todavía queda un no insignificante recorrido para la instrucción”.

Tras estos dos meses de estudio, la conclusión de Pasquau es que el caso es demasiado compleja para decidir sobre los cuatro exdiputados, tanto como para abrir juicio oral como para archivar las diligencias. El magistrado se limita a exponer la tesis de Alaya, contrapuesta a la defensa de los exconsejeros, y concluye que dada su complejidad y volumen, “habría sido preciso más tiempo”. Alaya retoma el testigo sin visos de trasladarse a la Audiencia de momento, a pesar de haber pedido y logrado el ascenso.