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La oferta de Aguas de Valencia se impone para gestionar CACSA

El ganador ofrece cuatro millones de canon por adjudicarse la explotación

Avanqua, la oferta presentada por el grupo Aguas de Valencia junto con el acuario de Vancouver y Ket Gestión, será la nueva concesionaria de la gestión de L’Oceanogràfic, L’Àgora y la promoción y venta de productos del resto de instalaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia.

El consejo de administración de CACSA comunicó ayer que la oferta económica de Avanqua —presentada en el último de los tres sobres de que se componía la propuesta— era la mejor. Con la máxima puntuación en la suma de los tres pliegos presentados, Aguas de Valencia, una vez supervisada toda la documentación exigida y comprobada su conformidad, se procederá a la adjudicación formal del contrato.

La propuesta ganadora se ha impuesto a la presentada por Rain Forest Valencia, que gestiona el Bioparc, y el acuario de Génova, así como a la oferta de Astropark, gestora del acuario de Barcelona, y EFS Mantres e Italian Entertainmen Network.

Según la información facilitada por el consejo de administración de CACSA, la oferta económica de Avanqua asciende a 676 millones de euros, con un canon inicial de cuatro millones.

La propuesta presentada por Rain Forest era de 32 millones y 600.000 euros de canon inicial, mientras que Astropark renunció a presentar su oferta ante la falta de posibilidades de lograr el concurso.

La adjudicación de la gestión de CACSA ha merecido las críticas de los partidos de la oposición, que consideran que el Consell está intentando con decisiones apresuradas antes de elecciones atar las manos del nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 24 de mayo.

La Consejería de Economía, que ha dirigido el proceso para externalizar la gestión de CACSA, intentó inicialmente incluir dentro del concurso la explotación del Museu de les Ciències y de L’Hemisfèric. Sin embargo, las condiciones con las que se expropió el suelo en el que se levantan estas instalaciones impidió finalmente que se pudiese adjudicar la gestión de los edificios públicos a un operador privado con fines comerciales.

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