El PSE pide que las empresas del puerta a puerta sean auditadas
Un informe señala que el coste de contrato del sistema de recogida de basura en el Alto Deba ha aumentado un 104,8%
El PSE-EE se ha preguntado hoy si existen "otros intereses" en la "imposición" del sistema de recogida de basuras puerta a puerta (PaP) por parte de Bildu y ha dicho que es "absolutamente necesario" que las empresas que prestan estos servicios sean auditadas para descartar "posibles desviaciones económicas".
El secretario de Medio Ambiente del PSE-EE de Gipuzkoa y candidato a diputado general, Denis Itxaso, ha hecho estas consideraciones en un comunicado tras asegurar que el incremento del coste del contrato del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad del Alto Deba en los años 2013 y 2014 demuestra que el PaP está "multiplicando" los gastos.
Estos datos, recogidos en un informe hecho público hoy por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), "confirman las denuncias realizadas de manera reiterada" en este sentido, destaca en un comunicado. Según el TVCP, el coste del contrato en el Alto Deba durante esos dos años aumentó un 104,8 % debido a la aprobación de seis modificados vinculados al PaP.
"Estos datos ponen negro sobre blanco hasta donde llega el afán de imposición de Bildu en el tema de las basuras y el expolio económico al que se está sometiendo a Gipuzkoa", recalca Itxaso.
El representante socialista, presidente también de la Mancomunidad de San Markos, dice que si este incremento se traslada al conjunto de mancomunidades gestionadas por Bildu -Debagoiena, Sasieta, Tolosaldea, Urola Kosta y Urola Erdia-, el ascenso de los costes se situaría en más de 20 millones de euros, que además "van a tener que pagar unos ciudadanos que mayoritariamente rechazan este sistema".
Dice que a esta cantidad habría que añadir los 90 millones a los que tendrá que hacer frente el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por el "incumplimiento" del Plan de Residuos aprobado en la pasada legislatura. Sería la suma, según especifica, de los 13 millones de euros de la indemnización para las empresas adjudicatarias de la incineradora, 67 millones por los prestamos firmados con los bancos y 10 millones pagados al Ayuntamiento de San Sebastián por unas licencias a las que se ha renunciado.
Recuerda que, en su día, ya se denunció que en municipios como Hernani este coste se había triplicado -de 500.000 euros en 2009 a 1.500.000 en 2013- y que en Pasaia había pasado 1.000.000 a 1.800.000.
"A la luz de estas cifras, el argumento utilizado por Bildu sobre los supuestos ahorros del puerta a puerta resultan una tomadura de pelo. Cabe preguntarse si, además del afán de imponer su criterio, existen otro tipo de intereses", recalca.
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