La judicialización se intensifica antes del 24-M y enfrenta a PP y PSOE

La precampaña de las elecciones municipales del 24 de mayo está dejando estampas muy nítidas de cómo la política se traslada a los tribunales. El caso más llamativo, por la cantidad de afectados, es el del grupo municipal Socialista de Granada, integrado por ocho concejales (seis intentan revalidar su acta en los comicios locales) citados a declarar por una supuesta denuncia falsa tras la querella promovida por el alcalde, José Torres Hurtado (PP), que actuó tras el archivo de un caso en el que estuvo imputado por supuestas irregularidades urbanísticas. En Estepona (Málaga), se vive una situación parecida y el candidato del PSOE, David Valadez, respondió este miércoles con un anuncio de querella a las declaraciones del portavoz del PP sobre los supuestos hechos que motivan su comparecencia judicial del próximo viernes.

En este caso incluso se pretenden establecer diferencias entre “querellado” e “imputado”. La citación de David Valadez en el juzgado se produce por una supuesta denuncia falsa y estafa procesal y se enmarca, en su opinión, en “una estrategia de acoso y derribo” contra él. Su versión de los hechos es la siguiente.

El candidato del PSOE deja claro que el promotor de la querella es marido de la concejal de Participación Ciudadana y número siete de la lista del PP, Susaña Casaño, un hombre que era técnico de la Intervención municipal en febrero de 2010, cuando Valadez era alcalde. En esa fecha, el entonces regidor puso en conocimiento de la policía un informe de la interventora sobre la liquidación del Presupuesto de 2009 en el que se decía que había “desaparecido información absolutamente relevante” para la contabilidad y se apuntaba al citado técnico.

Un juzgado abrió diligencias para investigar un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos, aunque archivó el caso al no poder determinar “fehacientemente” la fecha de borrado de los archivos, explica Valadez. El técnico municipal respondió entonces con una querella por supuesta denuncia falsa contra el candidato del PSOE y la entonces interventora.

Valadez, denunciante del caso Astapa contra la corrupción en Estepona (estalló en junio de 2008 y su instrucción avanza lentísima), defiende su actuación y recuerda que ha sido objeto de 16 denuncias anteriores, todas archivadas. “Cumplí con mi obligación. Si no hubiera trasladado ese informe, se me podría haber imputado por una prevaricación por omisión”, argumenta.

Ahora llega la segunda parte. Esta comparecencia judicial ha llevado al portavoz del PP de Estepona, Manuel Aguilar, a lamentar que el PSOE ofrezca a un candidato “imputado por denuncia falsa”. A través de un comunicado, aludió a su “incapacidad absoluta para gobernar” y dijo que este asunto tiene como fondo “un desfase contable” de 20 millones de euros en el Ayuntamiento cuando era alcalde. “Valadez no dudó en maquillar las cuentas municipales ante el desastre económico que había provocado”, añadió Aguilar.

El aludido no tardó en contestar ni una hora, también vía comunicado, para anunciar una querella contra el portavoz del PP por injurias, calumnias y difamación. Valadez intentó aclarar que ha sido citado como “querellado, no como imputado”. “No es un juez el que me ha imputado, es un particular el que me achaca unos hechos”, se defendió.

Con una denuncia, la persona o entidad que la promueve no está inicialmente personada en el procedimiento. Con una querella, sí. Fuentes jurídicas consultadas establecen un matiz entre los términos querellado e imputado en el sentido de que en el primer caso, el juez puede pretender escuchar su versión o practicar otra diligencia antes de imputar por unos hechos. Pero se trata, añaden, de una comparecencia ante un juez con abogado, es decir, como imputado.

Los casos de Granada y Estepona, además de otros tres en sendos municipios de Málaga, han llevado al PP a pedir al PSOE que cumpla con su “compromiso” de no llevar imputados en las listas.

Los populares, por su parte, apoyan sin fisuras a la alcaldesa de Rota y candidata, Eva Corrales, pendiente de sentencia y de otros dos juicios. El regidor de Almonte y número uno popular el 24-M, José Antonio Domínguez, acumula seis imputaciones.