El Supremo anula el plan urbanístico de González Panero en Boadilla

El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte aprobado en 2002 por la corporación municipal del entonces alcalde, Arturo González Panero (PP). Panero, conocido como El Albondiguilla en las conversaciones de la red Gürtel, desempeñó el cargo entre 1999 y 2009, cuando dimitió por su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama de corrupción. La sección cinco de la sala de lo contencioso aprecia en su fallo, del pasado 3 de marzo, que hubo un defecto de forma que inhabilita el desarrollo urbano ideado por el exregidor, que pretendía doblar la población de la localidad, hasta las 85.000 personas, y al que la Comunidad de Madrid dio el visto bueno en 2012.

El defecto de forma que terminó por tumbar el plan urbanístico de 2002 fue la falta de documentación sobre convenios urbanísticos que reclamaba el PSOE y que no estaba en el primer acuerdo de aprobación provisional de 2001, y que se facilitó esa legislatura, señalan desde el Ayuntamiento.

Consciente de las sombras sobre la viabilidad del PGOU, Antonio González Terol, alcalde desde 2011 y también del PP, ha dedicado la legislatura a diseñar, en previsión de la sentencia del Supremo, un nuevo plan que garantice la seguridad jurídica del urbanismo del municipio, que ahora mismo cuenta con 49.300 habitantes.

Anticipándose a los acontecimientos, el pleno municipal aprobó a finales del pasado marzo un nuevo PGOU —la previsión es que el Ejecutivo autonómico de Ignacio González (también del PP) lo sancione antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo— que corrige el eliminado, incluyendo más zonas protegidas y limitando la expansión de ladrillo que imaginó González Panero. En concreto, no reclasifica suelo rústico ni incrementa el número de viviendas del municipio o la edificabilidad máxima prevista en el plan anterior.

“Nos hemos olvidado de épocas anteriores: el techo de población no alcanzará los 70.000 habitantes”, afirma Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo. La previsión es que la población de Boadilla no supere ese techo en los próximos 15 años. El motivo es que el plan impide la creación de nuevos desarrollos urbanísticos y se limita a consolidar los ya existentes, “necesarios para seguir creciendo en servicios y multiplicar la oferta comercial”, según el Ayuntamiento.

El Consistorio aprobó en marzo otro plan que no reclasifica suelo rústico

El PGOU recientemente aprobado por Boadilla también eliminaría la incertidumbre que pudiera generar la anulación del vigente hasta ahora entre los vecinos e inversores de Boadilla, ya que ello impediría la concesión de licencias para nuevas viviendas (también las de protección oficial) u obras por parte de las empresas, una situación que habría paralizado el desarrollo normal del municipio. “Lejos de entender que el PGOU estaba vigente, hace tres años iniciamos la elaboración de un nuevo plan urbanístico para, en caso de que se anulase el anterior, tener otro que diera seguridad jurídica al municipio”, apuntan desde la concejalía de Urbanismo.

El Consistorio esgrime que interpuso diferentes recursos ante el Supremo para, entre otras razones, postergar su decisión y ganar tiempo a fin de crear el nuevo plan. Este fue sometido por primera vez a información pública hace un año: el Ayuntamiento ha aceptado casi un centenar de sugerencias de vecinos, el 70% de las recibidas, para su elaboración.

Está previsto que la Comunidad le dé el visto bueno antes de las elecciones

Por tipos de suelo, Boadilla dispondrá de 24,6 millones de metros cuadrados de suelo urbano, de los que un millón son urbanizables y 21,6 millones son no urbanizables protegidos. El futuro plan general no agota el suelo urbanizable de la localidad, ya que en la zona sur de la Ciudad Financiera quedan 1,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no sectorizado, de los que el 70% son propiedad del Ayuntamiento; se han reservado para futuros equipamientos.

El nuevo plan aumentará la protección medioambiental de zonas de valor ecológico que hasta ahora no estaban preservadas. Los grupos ecologistas reconocen esta mejora, aunque creen que podría ser mayor. “Hemos aprovechado para proteger mucho más el monte, quitando zonas que antes eran urbanizables y que hemos protegido como monte”, señala Miguel Ángel Ruiz. El edil de Urbanismo destaca la protección de la finca de la finca La Milagrosa, así como el entorno del Palacio del Infante Don Luis, edificio en rehabilitación, “para favorecer la adecuada conservación del patrimonio histórico”.