El Tribunal Superior declara secreto el auto que exculpó a Paula Prado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido considerar “secreto” el auto del juez instructor que decidió sobreseer de forma provisional la causa por supuesto fraude a la Administración Pública y tráfico de influencias contra la exportavoz del PP y diputada autonómica Paula Prado. La máxima instancia judicial gallega se ha limitado a hacer pública, la pasada semana, una resolución de la Sala de lo Civil y lo Penal que, sin explicar de ningún modo las pruebas y argumentos que llevaron a tomar la decisión, se limita a dar por buena la resolución del instructor tras constatar que “se han practicado todas las diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos”.

 Este periódico ha solicitado de forma reiterada al TSXG la resolución del instructor del caso, el magistrado Pablo Saavedra, para conocer los motivos que le llevaron a desestimar los indicios planteados en su día por la juez del caso Pokémon, Pilar de Lara, contra la diputada popular. El gabinete de comunicación del tribunal se limitó ayer a enviar la siguiente respuesta por escrito: “El auto no se facilita a los medios, a quienes ya se informó puntualmente a través de una nota de prensa, al entender que no se trata de un documento público, sino que forma parte de actuaciones sumariales, secretas para quien no está personado como parte”.

La decisión del TSXG impide conocer por qué se descartaron los indicios, en su mayoría pinchazos telefónicos, que llevaron a De Lara a actuar contra Prado. El sobreseimiento se basó en un informe del fiscal, Fernando Suanzes, recientemente ascendido a fiscal superior de Galicia, que tampoco se ha hecho público. Suanzes planteó incluso el sobreseimiento libre (definitivo), aunque el instructor lo dejó en provisional.

El pasado septiembre, el TSXG aceptó, como le planteaba De Lara, que existían indicios de que Prado, cuando era concejal del gobierno de Santiago, había participado supuestamente en enchufes de personas afines en contratas municipales, en elevar en 3.000 euros el importe de una factura a un empresario amigo y en favorecer a una sala de conciertos por una licencia. El propio TSXG calificó los hechos como posibles delitos de fraude a la Administración y tráfico de influencias.

La actitud del tribunal gallego contrasta con la del Supremo, que en su día sí divulgó los razonamientos, prolijamente argumentados, de por qué descartaban los indicios planteados por De Lara en el caso Pokémon contra el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, y contra el presidente cántabro, Ignacio Diego.