La fiscalía pide por quinta vez que se divida el ‘caso ERE’ en 200 piezas

El ministerio público pretende desatascar la instrucción y evitar prescripciones Anticorrupción cree que Alaya ha convertido la causa en ingobernable

La juez Mercedes Alaya, sale de los juzgados en Sevilla.
La juez Mercedes Alaya, sale de los juzgados en Sevilla.julián rojas

Los fiscales creen que la investigación del ‘caso ERE’ está abocada al fracaso si continúa por la senda actual, y por eso han pedido que se divida en hasta 200 partes para facilitar su trámite. Lo hacen, una vez más, tras comprobar el volumen “inabarcable” de la macrocausa (272 imputados, 300.000 folios y años de instrucción pendiente). Es la alerta que lanzaron por quinta vez en su último recurso dirigido a la Audiencia de Sevilla para que rescate al caso de la deriva en la que se encuentra y poder hacer justicia de forma “práctica y eficiente”.

Anticorrupción apela a la intervención de la Audiencia para frenar a la juez Mercedes Alaya, que discrepa de los fiscales y mantiene que puede avanzar sola con una instrucción que no para de crecer y que, según ella, debe mantenerse unida. En los últimos años los fiscales han insistido en la necesidad de trocear la investigación para hacerla manejable, y así evitar que el peligro de la prescripción de delitos aumente. El ministerio público ya pidió hace un mes que archive las actuaciones contra 12 imputados porque la justicia ha llegado tarde y ya ha transcurrido más de una década desde que percibieron ayudas públicas, por lo que ya no son perseguibles.

Nada menos que 37 escritos y documentos adjuntan para apoyar su tesis los fiscales ante la Sección Séptima de la Audiencia —futuro destino de Alaya cuando confirme su ascenso, que de momento ella prevé aplazar, según fuentes del caso—. Son periciales, declaraciones e informes para subrayar la necesidad de separar el caso en tres grandes bloques, uno de ellos con más de 200 piezas, una por cada subvención concedida por la Junta. Visto que Alaya se empeña en mantener la causa unida, los fiscales reclaman a los jueces su intervención.

El fiscal solicitó exculpar a 12 empresarios por delitos prescritos

La cuestión clave es simple: si la juez pretende esperar a que concluyan las investigaciones de todas las ayudas, la espera será eterna. La acción de la justicia llegará con tal retraso que algunos imputados desaparecerán —ya han fallecido dos de ellos—, otros tendrán edades muy avanzadas con los correspondientes beneficios en las condenas. Y la peor circunstancia: otros habrán sufrido años de medidas preventivas pese a una exculpación por parte de la justicia. Para los fiscales, algunas decisiones de Alaya han causado “un mayor retraso en la instrucción”. Y en esta línea contra la magistrada abunda la Junta en un escrito sobre las prescripciones de delitos.

Los letrados del Ejecutivo autónomo se remontan al 28 de octubre de 2011 para demostrar que ya entonces alertaban sobre ciertos empresarios de la Sierra Norte sevillana que habían recibido ayudas sospechosas. Y hace un año advertía a Alaya: “La frustración del legítimo derecho de esta Administración a verse resarcida podría provenir por el mero transcurso del tiempo (…) hechos presuntamente delictivos (…) fueron consumados en abril del año 2004”. Los letrados han compilado 13 escritos que contribuyen en esa dirección de avisar sobre las ayudas concedidas bajo riesgo de prescripción. Según la fiscalía y la Junta, la juez podía haber evitado las prescripciones en vez de abrir investigaciones paralelas que han convertido la causa en ingobernable.

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Lo cierto es que la caducidad de los delitos dejó de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad real desde que la fiscalía asumió que 12 empresarios debían quedar exculpados. Y la cifra podría crecer aún más. Eso sí, en menor medida porque casi todas las ayudas directas a empresas han sido analizadas y los ERE excluyen el peligro de prescripción al ser subvenciones continuadas en el tiempo, con prejubilaciones que incluso hoy día aún se siguen pagando.

Cuestión de tiempo

En teoría, la prescripción se interrumpe cuando una persona es formalmente imputada en una resolución judicial. Y para la inmensa mayoría de acusados en los ERE, el reloj se ha parado. El ministerio público trazó la frontera de los 10 años y 450.000 euros de ayuda. Todas las ayudas que superen esa antigüedad y sean menor que dicha cantidad no pueden ser perseguida por la justicia.

La duda radica en si Alaya pudo haber señalado a esa docena de empresarios antes del pasado 6 de febrero, cuando emitió un auto que paró el reloj. El debate lo abrió el abogado Juan Carlos Alférez al defender que una ayuda de 600.000 euros concedida a un empresario en 2003 había prescrito dado que se señaló judicialmente con 12 años de retraso.

De este modo, mientras las defensas defienden que el límite temporal de la prescripción es una década, y la fiscalía lo comparte con el matiz de los 450.000 euros como límite, la Junta mantiene que ninguna ha prescrito.

Pero la Junta estima que ninguna ayuda debe ser considerada prescrita ya que han sido objeto de una malversación de fondos públicos “grosera”. Si los jueces dan la razón a la fiscalía, las piezas avanzarán y los juicios podrían comenzar en un año o dos y los responsables desfilarán en el banquillo de los acusados de manera periódica.

De otro modo, la causa esperará a su conclusión para delimitar las responsabilidades de los cientos de imputados en una suma que crece como una gota malaya.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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