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El plan de Ikea equivale al 74% del suelo comercial de Alicante

El macrocentro junto a la tienda sueca causaría un “gran desequilibrio”, alertan los técnicos

En cada reunión celebrada entorno al proyecto para traer a Alicante la tienda sueca del mueble Ikea aflora un problema. Los técnicos municipales advirtieron ayer al Consejo de Comercio de la ciudad el “gran desequilibrio” que crearía en la ciudad aprobar esta iniciativa impulsada por el empresario Enrique Ortiz, procesado en el caso Gürtel. El centro comercial que rodearía a la tienda de muebles supondría, de aprobarse hoy, el 74% de la superficie comercial de la ciudad, alertan desde el Consistorio.

Alicante desea la instalación de Ikea, pero no el macrocentro previsto y que gestionaría la multinacional sueca. En la mente de todos los comerciantes e incluso el alcalde Miquel Valor está lo ocurrido en Murcia, donde una actuación similar con Ikea también de protagonista causó un grave daño al comercio tradicional afectando al centro de la ciudad y los hábitos comerciales de la población.

La conclusión de los técnicos de la Concejalía de Comercio otorga un arma más contra los contrarios al proyecto, especialmente los comerciantes. Y es previsible que la Cámara de Comercio de Alicante incida este miércoles también en el exceso de suelo comercial previsto (135.000 metros cuadrados) cuando presente su estudio al respecto.

Los problemas le crecen a este plan para urbanizar más de 2,4 millones de metros cuadrados y que se encuentra en pleno proceso de exposición pública. Desde la Universidad de Alicante (UA) se apunta a la problemática de tráfico y medioambiental que significaría la entrada de más de 20.000 vehículos diarios (26.000 en sábados) a esta zona de la ciudad, limítrofe con Sant Vicent del Raspeig y la propia UA.

La llegada de Ikea a Alicante está marcada por la polémica desde sus inicios, que se remontan a ocho años atrás. La iniciativa impulsada por Ortiz es muy similar al plan Rabassa, una actuación urbanística relacionada con el caso Brugal y por la que están imputados el propio empresario y la exalcaldesa Sonia Castedo.

Pese al ruido judicial, el Consell hizo suyo el proyecto el pasado verano. Lo avaló como una Actuación Territorial Estratégica (ATE), figura que ha servido a la Generalitat en este último año para impulsar planes históricamente varados. Son también ATE el proyecto de La Española en Alcoi, con muchas pegas ecologistas, o los planes urbanísticos asociados al proyecto para el nuevo Mestalla en Valencia.

La contestación al plan ha sido tal que, con unas elecciones a la vista, la propia conselleria responsable —Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente— ha reculado en sus afirmaciones. De decir que solo la empresa puede pedir la retirada del ATE se ha pasado a afirmar que la última palabra la tiene el Consell.