Aguirre desautoriza al alcalde de Navalcarnero y crea una gestora
Baltasar Santos, regidor desde 1995, es apartado de la presidencia del PP local Tres días antes la jefa del partido lo había confirmado como candidato
El comité de dirección del PP de Madrid ha aprobado este lunes por la tarde, en una reunión convocada por Esperanza Aguirre con carácter urgente, la creación de una gestora en Navalcarnero. Es la segunda desautorización en dos días de la presidenta del PP regional y candidata al Ayuntamiento de la capital a Baltasar Santos, triple imputado, presidente del PP local y alcalde de la localidad de 25.000 habitantes durante los últimos 20 años. Solo tres días antes, Aguirre lo había confirmado como candidato a la Alcaldía.
Esther Platero, número 101 en la lista del PP en las elecciones autonómicas de 2011 (hay 72 diputados en la Asamblea de Madrid de 129 escaños posibles), presidirá la gestora y apunta como posible candidata municipal de Génova en los comicios del 24 de mayo. Entretanto, no se prevé que Santos dimita como regidor. Su intención es crear un partido independiente con el apoyo de los concejales afines, algo que inquieta al PP desde hace semanas.
Un alcalde con tres imputaciones
- El alcalde de Navalcarnero está imputado por la construcción de las cuevas bajo la plaza de Segovia por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La oposición calcula que ha desviado para estas obras al menos 25 millones de otros proyectos certificados en falso.
- Baltasar Santos también aparece imputado por un polideportivo inacabado por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. El Ayuntamiento ha gastado 10,5 millones en el complejo y la concesionaria 2,7. Los informes de peritaje municipales estiman que al menos cinco millones no se habrían gastado.
- El regidor desde 1995 de Navalcarnero también tiene abierta en la Audiencia Provincial una causa por prevaricación administrativa por los continuos informes en contra de la Intervención municipal, que él ignoraba.
Santos ha llevado a Navalcarnero a la quiebra con una deuda reconocida de 115 millones de euros —la deuda por habitante es de más de 4.400 euros, de las más elevadas de España— y con los presupuestos prorrogados desde 2008. Su confirmación, retrasada casi hasta el límite por Aguirre —el plazo para presentar las candidaturas termina estos días— provocó estupor en numerosos candidatos municipales del PP, entre ellos alcaldes. “Eso indica que había muchas dudas sobre apostar de nuevo por él”, subraya un responsable popular.
Tampoco agradaba en la candidatura de Cristina Cifuentes, la aspirante a la presidencia de la Comunidad. Ni encontró apoyos en las filas aguirristas: distintos dirigentes coinciden en que su continuidad ponía en entredicho el mensaje de transparencia, regeneración y eficiencia que Aguirre pretende abanderar.
La misma Cifuentes se desmarcó el sábado, en un acto del PP, de la ratificación de Santos pese a tener varias causas abiertas en los tribunales. “Se lo tienen que preguntar a la presidencia del PP en Madrid y al comité electoral, del que no soy miembro”, recalcó la exdelegada del Gobierno. Por si no había quedado claro, enfatizó en los últimos días que su responsabilidad es confeccionar la lista para la Asamblea de Madrid. Esto es, que las listas en los 179 municipios de Madrid son competencia del PP regional y, por extensión, de Aguirre.
“A mí me avergüenza la corrupción política, y en los de mi partido más”, zanjó Cifuentes, que repite que en la lista regional no la acompañarán imputados ni investigados por asuntos que tengan que ver con la corrupción.
Las críticas internas y la información del sábado de EL PAÍS, que recordaba las imputaciones de Santos, provocaron la rectificación de Aguirre. En la Audiencia Provincial está abierta una causa por delito de prevaricación administrativa contra Santos por los constantes informes de la Intervención municipal a los que el alcalde ha hecho caso omiso. También está imputado por las cuevas que mandó excavar bajo la plaza de Segovia —prevaricación y malversación de caudales públicos— y por un polideportivo inacabado —prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público—. Los dos últimos casos se instruyen en el juzgado de instrucción número cuatro de Navalcarnero.
Pese a esos antecedentes y a los escándalos en su gestión destapados por EL PAÍS en los últimos dos años, hasta el viernes Aguirre dio su plácet a Santos. Obviando informes recientes, como uno de la Cámara de Cuentas, en el que el órgano fiscalizador califica de “irreales” las cuentas del Ayuntamiento, que por no cumplir “no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni la regla del gasto, ni el periodo medio de pago a proveedores ni el objetivo de deuda pública”. O el de la Intervención General de la Administración del Estado, que entiende que Santos ha cometido un “fraude de ley” por las irregularidades del proyecto de las cuevas bajo la plaza principal del pueblo.
Las excavaciones, iniciadas en 2004, están paralizadas desde 2011 a consecuencia de una denuncia presentada por el PSOE. El regidor afirma que tienen una antigüedad de hasta 350 años, pese a los informes contrarios de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Comunidad de Madrid. La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, zanjó en una intervención en la Asamblea de Madrid el pasado mes de marzo que las cuevas “no existían” y se habían realizado “de forma irregular”.
Aguirre tampoco reaccionó ante el hábito adquirido por Santos de recurrir a decretos para adjudicar contratos sin concurso público y con los informes del interventor municipal en contra. Así otorgó, por ejemplo, los conciertos en las fiestas de los últimos tres años (más de 200.000 euros sin concurso público). O ante el hecho de que no convocara plenos municipales cada mes, como manda la ley. Este año no se ha celebrado ninguno, y el año pasado, solo tres. Al final, Aguirre sentenció a Santos cuando cuestionó su autoridad.
Santos: “Aguirre es autoritaria y desoye a las bases”
Baltasar Santos cargó por la mañana contra Esperanza Aguirre, cuestionando su autoridad y su manera de gobernar el PP de Madrid, que preside desde 2004. Aquel año, Santos llevaba ya nueve como alcalde de Navalcarnero, donde ha obtenido cinco mayorías absolutas. El regidor aseguró que no había ocultado sus imputaciones a la Ejecutiva regional del partido y, tras afirmar que eran “políticas y ninguna de ellas por temas de corrupción”, achacó su caída en desgracia a una “estrategia desde el partido regional de Madrid” que tendría como fin el “deterioro” de su imagen y de los ediles del PP afines. Santos gobierna con 12 ediles, frente a siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).
Santos afirmó en un comunicado que Aguirre “pone y quita candidatos, nombra y destituye a las personas; y desoye siempre de manera autoritaria cualquier opinión que se tenga desde las bases del partido”. Y la señaló como “la auténtica responsable del atropello del que ha sido víctima Navalcarnero y tantos otros municipios de la Comunidad de Madrid”, al anular su candidatura.
Sus críticas provocaron la creación de una gestora, lo que le incapacita como presidente del PP local pero no le afecta como alcalde. “Este señor ha hipotecado a Navalcarnero para varias generaciones”, lamenta José Luis Adell, portavoz del PSOE. “Decir que la deuda es de 115 millones es quedarse corto. Nos tememos lo peor”, añade Juan Benito, del PDAP.
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