El alcalde y candidato del PP en Almonte suma ya seis imputaciones

El alcalde y candidato del PP a la alcaldía de Almonte (Huelva), José Antonio Domínguez, acumula seis imputaciones por diferentes motivos. Es el regidor que más causas judiciales abiertas mantiene con la justicia en Andalucía. El martes y el jueves de la semana pasada declaró en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción 1 de la Palma del Condado por sendas denuncias.

El dirigente popular ha declinado hacer declaraciones. Sí ha salido en su defensa el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, que ha expresado su plena confianza en su candidato en esa localidad, hasta 2011 feudo socialista. “A un alcalde es lógico que le surjan pleitos administrativos”, explicó González, que fue alcalde de Lepe. Este ha señalado que la corrupción está instalada en el PSOE, a raíz de los ERE y de las irregularidades en la gestión de los cursos de formación, partido político al que ha conminado a dar explicaciones. “Las causas administrativas no tienen nada que ver con las penales a las que se enfrentan otros”, insistió González.

El alcalde popular no está solo en su acumulación de imputaciones, ya que la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, está doblemente imputada en el caso Uniformes y el caso Horas Extra. Por este último la regidora incluso ya se ha sentado en el banquillo de los acusados y está a la espera de sentencia, aunque el PP mantiene el respaldo hacia Corrales.

La primera citación fue para aclarar la contratación de la secretaria de su teniente de alcalde, José Carlos Curto del Arco, que también prestó declaración. La denuncia la presentó el concejal socialista, José Villa, por entender que en ese contrato el alcalde podría haber incurrido en prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. En la denuncia se recuerda que en 2013 la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohibía las contrataciones salvo casos excepcionales.

Domínguez, volvió a declarar el jueves imputado por prevaricación. Iddiam Sistemas, empresa adjudicataria del servicio de colaboración para la gestión de expedientes sancionadores por infracción de tráfico, acusó al regidor de urdir una trama persecutoria contra la firma. Esta elevó varias revocaciones contra el alcalde al pleno que, según consta en la denuncia, el primer edil eludió “a sabiendas”.