El calvario de la lenta justicia

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, del PP, estuvo ocho años inmerso en el caso Rilco hasta que este año ha sido absuelto penalmente por el Tribunal Supremo. “He sufrido un calvario”, reconocía hace unos días. En realidad, lo sigue sufriendo porque hace seis años que fue incorporado como imputado a otro caso, Quality Food, que le puede llevar a la cárcel, aunque la fecha del juicio sigue sin saberse. Lleva instruyéndose 11 años. Sólo un año menos acumula la investigación por falsedad, fraude y asociación ilícita de la Operación Halcón. La muerte de ocho marineros en Barbate a bordo del Nuevo Pepita Aurora, con el patrón como único imputado, acumula ocho. Y seis cumple la investigación del robo de casi ocho millones de la caja municipal de San Fernando. La fiscalía cree que esta lentitud en asuntos de gran trascendencia no se puede atribuir sólo a la complejidad de las investigaciones. Culpa al abusivo uso de los recursos de las defensas, la falta de medios y los fallos procesales.

Las diligencias de la Operación Halcón se abrieron en 2005. La Agencia Tributaria había destapado una enorme red de facturación falsa en negocios ficticios de la Sierra de Cádiz, cuyo cabecilla era presuntamente Carlos Carretero. Las escuchas de aquella investigación sirvieron para abrir otro caso, la Operación Karlos, de expedición de permisos de invalidez falsos, que alcanzó gran relieve al estar involucrada María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique. Aquel caso ya se juzgó y tiene sentencia firme pero el juicio de la investigación primigenia no se espera hasta, al menos, el año que viene.

La Fiscalía de Cádiz cree que la Operación Halcón es un símbolo de la lentitud que sufren casos de enorme trascendencia con una excesiva complejidad. La fiscalía calificó en 2012 y detectó 47 delitos contra la hacienda pública, 19 de falsedad mercantil y otros tanto de apropiación indebida. El caso ha ido retrasándose por las dimensiones de las diligencias, con más de 7.000 folios, y también porque la Audiencia Provincial ha devuelto el caso al juzgado de instrucción para aclarar el papel de algunas empresas.

Sin embargo, el ministerio público no cree que siempre la lentitud de las causas penales se explique sólo por su complejidad. También se produce en casos de menores complicaciones internas, con delitos más claros y menos imputados, cuando son casos de enorme trascendencia. La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ve que muchas veces la “prudencia” del instructor lleva a admitir peticiones de las defensas durante la instrucción que muchas veces son “exageradas” o “abusivas”. Ese “uso exacerbado” de todos los recursos posibles está detrás de los continuos retrasos de algunas de estas instrucciones.

Ha ocurrido, por ejemplo, en Quality Food, la presunta estafa cometida mediante el desarrollo de una compañía de alimentación a la Zona Franca. La investigación que estaba bastante avanzada tras ocho años de instrucción dio un giro en 2012 cuando la Abogacía del Estado implicó como participante activo de la estafa al ex delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, del PP, cuya imputación y la de otros dirigentes o afines del PP, supuso una sucesión de recursos y contrarrecursos que, aún hoy, siguen sin resolverse. La instrucción está parada en el Juzgado 3 de Cádiz. Las partes siguen sin poder presentar sus escritos de acusación y nadie se atreve a poner una fecha, ni siquiera, un año, para ese juicio. Osuna, que se ha quejado de la cantidad de años que ha sufrido la pena de banquillo con Rilco, es uno de los que más ha usado esta vía del recurso que permite la legislación española y que también estanca otros casos como los ERE o el que indaga el fraude del Plan Bahía Competitiva, lo que alarga los plazos de unas investigaciones ya, de por sí, complicadas. A todo esto se suma, claro está, la falta de medios. Pero la fiscalía deshace en parte este mito. “La mayoría de asuntos más llamativos de la última década no han estado en los juzgados mixtos sino en los de instrucción de Cádiz, Jerez y Algeciras, que no están colapsados de trabajo”, dice Ayuso.

El robo en la caja de San Fernando mantiene al principal acusado, el cajero municipal Clemente Ruiz, sin empleo ni sueldo desde hace seis años, cuando se descubrió que faltaban casi ocho millones. Pasó casi dos años en prisión. Salió en 2011 y el caso está lejos de un juicio. La instrucción se ha detenido de manera excesiva, sólo justificada en parte por la aparición de imputados marroquíes, cuya localización es más difícil.

La investigación del naufragio del Nuevo Pepita Aurora, en el que murieron ocho marineros de Barbate, sigue esperando su final sin que ninguna parte personada sepa muy bien el motivo. El suceso currió en 2007. En estos ocho años la instrucción se vio lastrada por una sucesión de recursos, la petición frustrada del reflotamiento del barco y la realización de un ensayo con maquetas de cómo fue el siniestro.

Otras veces una sola prueba lo retrasa todo. El caso Rilco tardó casi 10 años en juzgarse, entre otras cosas, porque un informe pericial tardó dos años en hacerse porque las Administraciones no se ponían de acuerdo en cómo debía pagarse. La fiscalía ha detectado otros problemas en casos relevantes como la falta de personal en el juzgado, que lleva al desglose de un procedimiento en muchas piezas. “A veces se confía en avanzar una instrucción con los huecos libres del personal que no existen”. O fallos procesales como no dar traslado a los acusados a su debido tiempo, lo que obliga a devolver el procedimiento al instructor, o las bajas de funcionarios que no se cubren hasta que alcanzan los tres meses.