La escuadra y el cartabón de Bildu

El Gobierno donostiarra de Bildu se estrenó en lo que se refiere a política urbanística con una decisión polémica: rechazar la construcción de la pasarela de Monpas, un pasillo peatonal impulsado por el anterior alcalde, el socialista Odón Elorza, prolongación del paseo marítimo que recorre el litoral de la ciudad. El alcalde, Juan Karlos Izagirre, decidió que la obra, presupuestada en unos 9,2 millones y cuya integridad se había comprometido a financiar el Ministerio de Medio Ambiente, no se iba a levantar. Una legislatura en la que el Ayuntamiento ha impulsado importantes operaciones como el acondicionamiento de la vega del Urumea o la estación de autobuses, pero que también deja sombras: como la reforma de Anoeta, el concurso de Illunbe, o el futuro del antiguo teatro Bellas Artes.

Bildu llegó con una premisa clara respecto a la política urbanística y de infraestructuras: adiós a las obras faraónicas y proyectos ideados, como en más de una ocasión ha expresado la coalición, para mayor beneficio de las constructoras.

“Siempre hemos tratado de priorizar a las personas”, resume el concejal de Urbanismo de San Sebastián, Ricardo Burutaran. El presupuesto del área ha mermado “lógicamente porque la capacidad del Ayuntamiento ha sido inferior porque se han generado menos recursos”, explica el edil, cuyo departamento (Urbanismo y Vivienda) debía contar este año con cerca de 20 millones, según recogía el proyecto de presupuestos, que no fue aprobado.

Reclamación millonaria

El antiguo teatro Bellas Artes amenaza con convertirse en el nuevo quebradero de cabeza urbanístico para el Ayuntamiento de San Sebastián. La Sade, la empresa propietaria del edificio, anunció esta semana que reclamará judicialmente al Ayuntamiento de San Sebastián 13,7 millones en concepto de compensación por la protección dictada por el Ayuntamiento para la edificabilidad del teatro.

El objetivo de la empresa era convertir el edificio, cerrado desde hace más de 30 años, en un hotel. El Gobierno vasco además acordó declarar Bien Cultural al antiguo teatro, lo que supone, según ha precisado en varias ocasiones el Ejecutivo, que el inmueble podría tener un uso como establecimiento hotelero, siempre y cuando se respete su valor patrimonial y no sea derribado.

La empresa, que ha dejado la puerta abierta a exigir también una compensación al Gobierno vasco, entiende, sin embargo, que la declaración de Bien Cultural “hace inviable cualquier proyecto empresarial rentable, puesto que ya no solo debe respetarse el exterior, sino también la estructura interior del edificio, incluyendo hasta las zapatas”, explicó en un comunicado.

El Ayuntamiento, acuciado por las inundaciones que en noviembre de 2011 anegaron los barrios de Txomin y Martutene, ha invertido a lo largo de la legislatura 20 millones en la vega del Urumea. La principal operación desarrollada en San Sebastián, no solo por su envergadura —en Txomin está previsto la construcción de 900 viviendas, “lo que supone más de 90 millones”, recuerda el edil—, sino por su trascendencia social. Ambos barrios todavía, como sucedió el pasado febrero, quedan a merced de las crecidas del río, pero los trabajos iniciados y que implican a diversas administraciones, se supone darán una solución definitiva a los vecinos. El Ayuntamiento además ha comprometido otros 22 millones para los próximos cuatro años.

San Sebastián inaugurará estación de autobuses a finales de año, en sustitución de la marquesina gigante, un apeadero en definitiva, que lleva prestando servicio a la ciudad desde hace más de 20 años. La aprobación del proyecto, presupuestado en 24,5 millones, supuso un agrio encontronazo entre Bildu y la oposición (PSE, PP y PNV), que acordó la construcción de la infraestructura junto a la estación de tren, contra el criterio de la coalición.

Si se le pregunta al edil entre las principales operaciones impulsadas también destaca la de San Bartolomé, en pleno centro de la ciudad. 506 nuevas viviendas, conservación y protección del cerro, muro, convento y casa de baños, “un nuevo icono turístico”, añade el concejal.

Pero Bildu también ha cerrado la legislatura con varios proyectos fallidos. El principal, la reforma de Anoeta, la ampliación del campo municipal en el que juega la Real Sociedad, y que ha supuesto para el Ayuntamiento un revolcón jurídico y administrativo. El proyecto acordado con el club fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia y el posterior concurso convocado, redactado a la medida del equipo de fútbol, también quedó suspendido. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales consideró que el Ayuntamiento daba un trato de favor a la Real Sociedad. “Estamos estudiando la situación”, se limita a asegurar Burutaran.

Tampoco el Ayuntamiento ha sabido o podido desenquistar el futuro de Illunbe, el espacio multiusos donde juega el GBC, un problema heredado de anteriores legislaturas. El Consistorio, que tenía previsto este 2015 invertir 3,2 millones en los viales de acceso, no termina de sacar a la venta el complejo.