337 colegios privados amplían el concierto en vísperas electorales

La consejera de Educación, María José Català, resolvió ayer en el diario oficial conceder a los 337 centros privados concertados que imparten Enseñanza Primaria 10 días más de lo previsto para formalizar una prórroga de dos cursos a sus conciertos de 2013, y así ampliarlos hasta el 2018-19. La consejería publicó en enero la orden por la que blindaba los conciertos vigentes durante seis cursos, siendo de las primeras autonomías en aprovechar la puerta abierta por la LOMCE, que marca “una duración mínima de seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos” para los conciertos educativos.

El 4 de marzo, publicó una batería de documentación administrativa que los titulares debían suscribir en el plazo de un mes. Pero la operación de prórroga generalizada no se ha podido culminar en ese periodo por la burocracia que conlleva y las muchas fiestas escolares que ha habido de por medio.

Las correspondientes adendas a los conciertos de 2013 debían formalizarse “en las dependencias de la dirección territorial” de cada provincia, según precisaba la normativa, y los directores territoriales deberían “notificar a las personas interesadas el día y hora en que hayan de suscribir la adenda”. Así, hasta 337 firmas de otros tantos colegios que relacionaba ayer la resolución de la consejera.

Del total de centros de Primaria actualmente concertados, 220 están en la provincia de Valencia, 89 en la de Alicante y 28 en la de Castellón. “Todos ellos”, informaba ayer la Generalitat, “han solicitado la ampliación” hasta 2019.

Los partidos de la oposición entienden que el proceso abierto por Català para la prórroga de conciertos no es puramente administrativo, sino político. El candidato de EUPV a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, aseguró ayer que tanto la “privatización” de la Ciudad de las Artes y las Ciencias como el “blindaje de los conciertos educativos para seis años por encima de una legislatura” y otras medidas “de última hora” que está adoptando el Consell “forman parte de la política de tierra quemada que está practicando el PP”.

El vicesecretario de Educación socialista, Miguel Soler advirtió de lo relativo de cualquier blindaje, porque “se pueden suprimir y ampliar unidades anualmente en la enseñanza concertada” y, “si el cambio de gobierno favorece a los socialistas”, en una situación de caída demográfica, a la hora de “elegir entre suprimir una unidad escolar pública o una privada”, optarán por ésta.

También señaló Soler que los privados pueden perder el concierto si no cumplen tres requisitos: “Cubrir una necesidad de escolarización; garantizar la atención de alumnos con necesidades específicas, como inmigrantes, minorías étnicas, de educación especial o con necesidades educativas especiales, y no cobrar a las familias mediante subterfugios”.

El STEPV, sindicato mayoritario, denunció que Educación “avanza a marchas forzadas en la aplicación de la LOMCE antes de acabar la legislatura” y rechazó que se amplíen conciertos “mientras se recortan unidades en los centros públicos”.