Dentro del almacén secreto de la droga

En un edificio de la capital, cuya ubicación es alto secreto, se almacenan 4.186 kilos de cocaína, hachís, heroína y pastillas, entre otras sustancias. La semana pasada, EL PAÍS entró en este enorme depósito del Servicio de Inspección Farmacéutica y de Control de la droga, dependiente de la Delegación del Gobierno en Madrid (al menos hay uno en cada autonomía, según fuentes policiales).

Por fuera, es un edificio más. Sin ningún cartel oficial. Sin nada que lo haga distinto. Una fachada sobria y unas ventanas enrejadas son lo único que se ve desde el exterior. Eso hace que pase inadvertido, que es lo que se pretende. Pero su interior no es el de un edificio normal. Alberga las muestras de las drogas decomisadas por la policía y la Guardia Civil.

El centro, que acoge ahora 4.186 kilos, tramita al año 65.000 expedientes

Un hombre pasa andando por delante de la puerta mientras un coche de la policía camuflado aguarda a que le abran la verja. El caminante va escribiendo con su teléfono móvil, ajeno a que está siendo vigilado por un circuito de cámaras de seguridad. Se abre la primera esclusa y se cierra detrás. Así se accede a un patio donde están los coches aparcados. Y a partir de ahí, se entra en otro universo.

En un lateral del edificio está la zona de los grandes alijos. Este nombre puede llevar a equívocos. Se considera una cantidad importante toda aquella que supere las dimensiones de un sobre estándar. “Es nuestra forma de organizarnos. Así no están todas las muestras en el mismo sitio”, reconoce la jefa del servicio, farmacéutica de carrera.

Para entrar en esta zona hay que bajar un pequeño tramo de escaleras. Justo a la izquierda, hay una mampara que alberga la zona de recepción de muestras. Antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se almacenaba aquí toda la droga, incluso grandes alijos de varias toneladas, pero el cambio del artículo 367 de la LECrim obliga a destruir estos decomisos tras haber tomado muestras para su análisis, salvo que el juez expresamente ordene lo contrario.

“Antes ocurría al revés. La droga se guardaba hasta que había una sentencia y el juez ordenaba su destrucción. Eso hacía que no hubiera espacio material para almacenar todo lo que se decomisaba en Madrid. Suponía un grave problema de seguridad y de salud para los trabajadores de este centro”, afirma Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad de Madrid y delegada del Gobierno hasta el pasado viernes. En algunas ocasiones se han guardado hasta 37 toneladas, con el consiguiente riesgo de seguridad. Desde la entrada en vigor de la reforma de la LECrim se han destruido 53 toneladas. “Era uno de mis principales objetivos acabar con esta tentación, y tras reunirme con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se vio que ese no era solo un problema de Madrid, sino de toda España”, añade Cifuentes.

En esa mampara se reciben las muestras de la droga, elegidas según un protocolo en función de la cantidad aprehendida. Si esta no supera los 60 kilos, el alijo se queda íntegro en el depósito. “Pusimos esa cantidad porque es la máxima que, de una sola vez, se suele recoger en el aeropuerto de Barajas”, reconoce un responsable del centro. De hecho, el aeropuerto es el gran cliente de este almacén. Casi a diario entra droga procedente de la principal frontera madrileña.

Los trabajadores van cubiertos con un mono de protección, un equipo de respiración, dos pares de guantes, capota para la cara, calzas y una bata. La aparatosa vestimenta impide que puedan sufrir una intoxicación al manipular la droga. También hay dos canales de extracción del aire, tanto de la vitrina como de la estancia. “Siempre hay dos personas para garantizar la cadena de custodia y que ningún empleado pueda quedarse con parte del estupefaciente”, apunta otra jefa del depósito.

Todo el recinto está vigilado por policías nacionales. El celo es tal que los trabajadores no quieren ninguna imagen. “Tienen mucho miedo. Alguien puede chantajearles o hacerles algo grave si saben donde trabajan. Podrían entrar y robar o destruir muchas pruebas judiciales”, afirma un mando policial. De ahí tanto sigilo sobre este inmueble de mediados del siglo pasado.

Una vez comprobadas las muestras, son introducidas en grandes cámaras de seguridad. Estos almacenes están abarrotados de cajas de cartón y sobres con droga. El olor es penetrante y algo desagradable, incluso mareante. “La marihuana, por ejemplo, se estropea en un mes, o menos incluso si está mal secada. La cocaína aguanta algo más de tiempo”, explica el responsable.

En la otra parte del edificio se reciben los pequeños alijos. Al igual que en la anterior, es necesario acudir con cita previa. En este caso, hay dos policías de Alcobendas entregando las actas de incautación del último mes. Las pequeñas bolsitas mezclan todo tipo de sustancias. En otro habitáculo con grandes mamparas los farmacéuticos las pesan en básculas de precisión, que dan detalle de los miligramos. “Son calibradas una vez al año por una empresa exterior y todos los meses por nosotros”, resume la jefa.

Las muestras son analizadas. Por término medio, el centro tramita 65.000 expedientes al año. “En los últimos meses hemos detectado que el hachís es mucho más tóxico. Antes tenía una pureza del 4% y ahora llega al 21% de tetrahidrocannabinol [la sustancia estupefaciente]”, destaca la responsable.

Las muestras son analizadas y se elaboran los informes para la autoridad judicial. Si es poca cantidad, el informe se remite a la Delegación del Gobierno para que imponga la correspondiente sanción administrativa por consumo o tenencia de droga. Esta puede llegar hasta los 30.000 euros, pero no suele superar los 1.000. El centro dispone de una sala de videoconferencia para participar en juicios sin necesidad de desplazarse a los juzgados. “Antes perdíamos todas las mañanas por ir de un lado a otro. Costó que la instalaran, pero así ahorramos mucho tiempo”, añade la jefa.

¿Y cuál es el destino de esta droga? Se incinera. Cada cierto tiempo, se contacta con empresas que la queman de manera gratuita. En mayo está previsto que se destruya buena parte de las cuatro toneladas almacenadas. Parte de la zona de grandes alijos, de hecho, está repleta de cajas listas para ser destruidas. El traslado hasta el lugar de la incineración se hace entre grandes medidas de seguridad para evitar que sea robada en el trayecto. También se vigila de manera extrema la quema, para que nadie pueda despistar alguna cantidad.