La justicia anula más multas del Gobierno a víctimas de preferentes

Los afectados por las preferentes del Baixo Miño siguen sumando sentencias que anulan las multas que recibieron por sus protestas, de las más de 40 sanciones que han recurrido judicialmente. La última terna de resoluciones favorables afecta a algunos de los expedientes de denuncia más extravagantes, que afectaban no tanto a supuestos excesos reivindicativos como a infracciones de tráfico que coincidían con las concentraciones de junio de 2013 ante el Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra), tales como tocar la bocina sin motivo o llevar el cinturón de seguridad del coche mal puesto. Las resoluciones dicen que por mucho que la palabra de la Guardia Civil valga más que la del ciudadano corriente, hay que dejar al menos que este se defienda. No se hizo, por lo que se incurrió en “vicios sustanciales que generan indefensión”, concluye la juez.

Las tres sentencias, provenientes del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra, reparan en que los agentes no comunicaron la sanción en el acto y que los multados —Xulio Vicente, uno de los líderes de las protestas, por llevar mal el cinturón y Ana Belén Álvarez en dos ocasiones, una por el cinturón y otra por abusar del claxon— habían estado en la concentración a las mismas horas de las sanciones. Ante esto, “la prueba solicitada sí era de relevancia”, razona la magistrada, que lamenta que en el procedimiento administrativo se negasen las diligencias propuestas por los preferentistas para acreditar que si estaban protestando no podían estar conduciendo. También se resalta que “como suele ocurrir en estas concentraciones, se emplean generalmente instrumentos que generan ruido”, y que en el Ayuntamiento tienen que aguantarse por los “trastornos”, salvo peligro para el orden público, porque para eso está el derecho de reunión entre los más protegidos por la Constitución.

O Rosal, epicentro de la estafa de los derivados financieros con en torno a un millar de sus 6.500 habitantes afectados, fue un polvorín en el primer semestre de 2013, después de que el ritmo de los procesos de arbitraje impulsados por la Xunta de Feijjóo para devolver los fondos se frenase bruscamente tras las elecciones autonómicas de 2012, ganadas por el PP.

Al igual que en otros pueblos pontevedreses, los afectados porlas preferentes de O Rosal se organizaron entonces para ocupar los consistorios y montar estruendo en tanto los arbitrajes no recobraran impulso. Cuando fueron expulsados, los miembros de la plataforma se fueron a la plaza y allí siguieron montando jarana diariamente, abroncando al alcalde popular, Jesús Fernández Portela, en sus idas y venidas. Un mes después comenzaron a llegar a los buzones las multas, que los sancionados entendieron como una represalia política.