Fiscalía se querella contra Ortiz por estafa y falsedad documental en Alcoi

No cesan los problemas judiciales del constructor Enrique Ortiz, el único empresario imputado y acusado en los dos grandes casos de corrupción que afectan a la Comunidad Valenciana, Brugal y Gürtel. El fiscal de Alcoi (Alicante) presentó una querella criminal contra el empresario la semana pasada en el juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad. Pide su imputación por los delitos de estafa y falsedad documental en la ejecución de las obras de remodelación del Teatro Calderón, encargadas por el Ayuntamiento gobernado por el PP y que tuvieron un sobrecoste irregular en la facturación de un millón de euros, de acuerdo con el peritaje judicial.

La Fiscalía se querella también contra el director de obra,el arquitecto Octavio Raduán, del despacho Olcina&Raduán. Fue contratado por la propia empresa, al margen de los técnicos municipales, y dio el visto bueno a los certificados que presuntamente incrementaron los costes finales del trabajo y que aprobó la Junta de Gobierno del anterior alcalde, el popular Jorge Sedano.

El ministerio público abrió diligencias informativas después de que el pasado 18 de marzo el equipo de gobierno del PSPV-PSOE y Esquerra Unida presentaran un informe pericial que apuntaba a una facturación inflada en 1,2 millones. La tasación encargada por Fiscalía redujo el montante a 1,07 millones.

El Síndic de Comptes ya advirtió en sus informes de irregularidades 

En el peritaje presentado por el consistorio, que data de 2012, aparecían irregularidades o costes inverosímiles en el mercado actual: platos de ducha de más de 1.000 euros, nuevas partidas de obra ya contabilizadas en el proyecto original o trabajos doblemente abonados. Ya en el informe del Síndic de Comptes sobre los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, se advirtió de las irregularidades en los pagos y se remitió la documentación al Tribunal de Cuentas.

La rehabilitación del teatro más importante de Alcoi, con más de un siglo de vida y un aforo de 750 butacas, es la historia de varios sobrecostes, una tendencia en los trabajos realizados por el constructor para la Administración local.

Las obras, en un principio, se presupuestaron en ocho millones y acabaron siendo 13. Las encargó Sedano, quien abandonó el PP en este mandato para ser candidato de Ciutadans en mayo. El político inauguró el hemiciclo dos meses antes de las elecciones de 2007 y, veinte meses después, con su mandato revalidado por mayoría absoluta, accedía a pagar 2,3 millones a Ortiz e Hijos por distintas obras. Según fuentes municipales, estas no diferían en muchos casos del proyecto original ya ejecutado.

Otros casos

El Ayuntamiento buscará personarse en la instrucción de esta causa. Sería el tercer caso en el que se las ve con el empresario en un juzgado en lo que va de mandato. El pasado enero un juez de lo Contencioso Administrativo condenó al empresario a pagar 275.000 euros por las obras de un aparcamiento encargadas en 2001 por el alcalde Miguel Peralta (PP) y decretadas ilegales en 2005. El juicio fue impulsado por el equipo de gobierno actual tras negarse a pagar el coste total del proyecto de legalización del recinto subterráneo.

Actualmente, constructor y Ayuntamiento litigan también por el contrato de gestión de una avenida, algo totalmente novedoso en España. Sedano adjudicó la redacción del proyecto de un bulevar, además de la gestión de su espacio. Ortiz presentó un proyecto de 13 millones de euros que ascendía a 27 millones por la financiación, también asumida por él. El actual gobierno incautó el aval bancario de 543.493 euros al detectar múltiples deficiencias en el proyecto que hubieran supuesto un incremento del mismo en más de un 30% del valor de la actuación en su conjunto.