En manos del Supremo

El desfile ante el Supremo ha comenzado. En dos semanas, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, más tres exconsejeros de sus Gobiernos, declararán ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la trama de los ERE en el alto tribunal.

El futuro personal de Chaves, Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno (Presidencia) y José Antonio Viera (Empleo), aforados por ser diputados en el Congreso o senadores, está en manos del Supremo. Como lo está también el futuro inmediato de Susana Díaz. Dos partidos (Podemos y Ciudadanos) exigen la dimisión de sus escaños de los expresidentes para posibilitar la investidura de Díaz.

La causa ha llegado a Barreiro tras una larga investigación de la juez Mercedes Alaya. Una investigación salpicada de planteamientos más políticos que judiciales, como han denunciado los afectados. La juez ve delito penal en la actuación de estos cinco aforados (más otros cuatro exconsejeros y diputados autonómicos que declaran también estos días ante el TSJA), donde otros expertos solo ven responsabilidad política.

Durante demasiados años, los implicados dejaron que funcionara un sistema de ayudas a empresas en crisis que, como se ha evidenciado, tenía serios fallos. Nadie les responsabiliza de llevarse dinero alguno. Pero deberían haber controlado mejor un sistema que posibilitó que otros se lo llevaran crudo.

De manera especial, los sucesivos consejeros de Empleo, comenzando por Viera, deberían haber ejercido un mayor control sobre los directores generales de Trabajo. Si lo hubieran hecho, el principal implicado, Javier Guerrero, no habría llegado tan lejos como llegó. Precisamente Viera ha sido el primero en declarar en el Supremo y ha volcado en sus subordinados toda la responsabilidad económica. “Yo firmaba lo que me ponían”, ha dicho.

Cuesta creer que Chaves y Griñán crearan un sistema para que otros se lucraran. Muchos estamos convencidos de que jamás conocieron que un grupo de desalmados aprovechó la inapropiada (que no ilegal) norma de ayudas a empresas para sacar provecho propio y beneficiar a amigos, familiares y compañeros de partido.

Hay responsabilidad política, pero no penal, como opinan muchos expertos. Por ello, un Griñán cercado por la causa dimitió en agosto de 2013. El Tribunal de Cuentas, que fiscalizó el fraude de los ERE, solo vio responsabilidad contable en los tres directores generales de Empleo.

La juez Alaya tampoco ha podido acreditar que los aforados se enriquecieran ilícitamente, que conocieran las generosas comisiones que cobraban las aseguradoras, ni que había intrusos en los ERE que se gestionaban en la Dirección General de Trabajo.

Pronto saldremos de dudas. En cuanto termine el desfile de los aforados ante el juez.

@JRomanOrozco