Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía pide que Anticorrupción investigue la venta de pisos del Ivima

La Comunidad vendió 2.935 casas a Goldman Sachs y Azora por 201 millones en 2013

Concentración de afectados por la venta de viviendas sociales ante el IVIMA en diciembre de 2013. Ampliar foto
Concentración de afectados por la venta de viviendas sociales ante el IVIMA en diciembre de 2013.

La Policía Nacional ha recomendado al juez que la Fiscalía Anticorrupción investigue la venta de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda (Ivima) al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora. La Comunidad enajenó 32 promociones del Plan Joven repartidas por 11 municipios en agosto de 2013 por 201 millones de euros, un 20% más que el precio de salida (168,9 millones).

El PSM critica que “fondos buitre” sean los dueños de parte del parque público

El inspector del Grupo IX de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) entiende en un escrito de enero al que ha tenido acceso EL PAÍS que Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, está “más especializada” para asumir y desarrollar las pesquisas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 48. El tribunal ha visto posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la operación.

El Gobierno regional se muestra “sorprendido” por la apreciación de la UDYCO, “que no conoce el caso y aun así aconseja que la venta, realizada por subasta pública y sin que haya habido enriquecimiento personal de nadie, se investigue como si se tratara de un caso de corrupción”. “No ha habido ningún desahucio y se mantienen las condiciones que estaban en los contratos de los inquilinos”, añade la Comunidad.

“Indicios objetivos de enriquecimiento”

  • El Gobierno regional que dirige Ignacio González (PP) anunció en mayo de 2013 su intención de subastar 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda (Ivima). Quería que esas 32 promociones, repartidas por 11 municipios de la región, fueran adquiridas por promotoras privadas, manteniendo las condiciones de alquiler de sus inquilinos. Las viviendas pertenecían al Plan Joven (con un total de 13.000 pisos) y tenían un alquiler de entre 370 y 520 euros al mes.
  • En agosto, el Gobierno regional anunció la venta de 2.935 pisos del Ivima al fondo de inversión de Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora por 201 millones de euros, un 20% más del precio de salida de la subasta (168,9 millones). Una decena de fondos de inversión participaron en la puja. La Comunidad anunció que destinaría ese dinero “a políticas sociales”. Goldman Sachs y Azora crearon la sociedad Encasa Cibeles para gestionar los pisos.
  • La Comunidad prometió que los inquilinos no notarían “ningún cambio” en sus condiciones de alquiler. Pero el Defensor del Pueblo le llamó la atención al considerar que el cambio de arrendador “resulta claramente perjudicial [a los inquilinos] por cuanto reduce su esfera de derechos”. El PSOE interpuso una querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada —que fue admitida en marzo de 2014—, a la que se adhirió la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima.
  • En diciembre, el Juzgado de Instrucción 48 vio en la operación posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” y pidió al Grupo Especial de Delincuencia Económica de la Policía Judicial que investigara “la posible interrelación” entre las empresas compradoras y la Administración. El juez imputó a la gerente del Ivima, Ana Gomendio, que en septiembre prestó declaración y defendió la legalidad de la operación puesta en marcha por su predecesor, Juan Van Halen (el relevo entre ambos fue en abril de 2013).

Un portavoz de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda explica que el Ejecutivo regional pagó el IBI y la tasa de basuras, “aunque contractualmente le correspondía a los residentes”, hasta la venta de los casi 3.000 pisos. Encasa Cibeles, constituida en septiembre de 2013 para gestionar el parque de viviendas, no asumió esos pagos, que pasaron así a los inquilinos.

EL PAÍS adelantó en mayo de 2013 la intención de la Comunidad de vender 3.000 pisos de la red del Ivima a promotoras privadas, ya fueran españolas o extranjeras, que estarían obligadas a mantener a los inquilinos las condiciones de alquiler y opción de compra. Las viviendas del Plan Joven son pisos de uno y dos dormitorios de hasta 70 metros cuadrados de superficie. Sus habitantes pagan de 370 a 520 euros al mes en función de la localidad y la superficie útil.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) denunció la operación en los tribunales, con la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima como acusación popular. “La propuesta de la UDYCO viene a demostrar que el PSM tenía razón cuando denunció tanto en sede parlamentaria como a través de una querella el escándalo que supone que el Gobierno regional del PP beneficia a empresas afines haciendo negocio con un bien básico como es la vivienda, a la que todos los ciudadanos deberían tener derecho”, valora José Manuel Franco, portavoz socialista en la Asamblea regional. “La Comunidad ha facilitado que los llamados fondos buitre se aprovechen de unas viviendas que deberían estar destinadas a las personas con más necesidades y no al negocio puro y duro de los fondos de especulación”, sentencia el diputado autonómico.

A raíz de la querella, la directora general del Ivima, Ana Gomendio, declaró como imputada por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en septiembre del año pasado. Gomendio defendió la “transparencia” y “legalidad” del proceso, realizado en la etapa de Pablo Cavero como consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda (la última cartera la asumió en septiembre de 2012, cuando Ignacio González sustituyó a Esperanza Aguirre como presidente autonómico).

Los vecinos afectados ven signos “de serias irregularidades”

“Es significativo que el responsable de la UDYCO traslade la necesidad de seguir investigando esta operación urbanística y que lo eleve a la Fiscalía Anticorrupción... Entendemos que si es así es porque ven indicios de serias irregularidades”, observa Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima.

Villalobos exige la comparecencia en los tribunales de Juan Van Halen, el director general de Vivienda y Rehabilitación que esbozó la venta (dejó el cargo en abril de 2013 para ser viceconsejero de Empleo). “Fue quien diseñó la operación, como ya dijo Gomendio, su sucesora, ante la justicia. Van Halen es quien mejor puede aclarar el proceso de esta operación que ha afectado a cientos de familias, como refleja la defensora del pueblo”. Van Halen es director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento desde marzo de 2014.

Sobreseída la denuncia contra la EMVS

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), decidió en 2012 que la Empresa Municipal de la Vivienda no construiría más pisos protegidos y se limitaría a gestionar los que ya tenía. Pese a ello, un año después la EMVS bordeó la quiebra y tuvo que aprobar un plan de salvamento: “El negocio es deficitario, con un volumen significativo de pagos inasumibles. El endeudamiento no es sostenible y tiene problemas severos de liquidez inmediata”, dictaminó la auditora PwC.

La principal medida de ese plan fue la venta de 1.860 viviendas de alquiler social. La EMVS tenía, a 1 de enero de 2013, 6.152 pisos en alquiler y 2.450 en venta. Esas 1.860 viviendas (ubicadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) se colocaron con un descuento del 20% sobre su valor contable al fondo de inversión Blackstone, que pagó 128,5 millones de euros. En julio de 2014, la EMVS puso a la venta otras 334 viviendas de alquiler en Villa de Vallecas, Vicálvaro y Usera.

El Ayuntamiento prometió que los inquilinos de todas las viviendas enajenadas no verían alterados sus contratos.

La Cámara de Cuentas fiscalizará este año la venta de patrimonio inmobiliario de la EMVS y del IVIMA en 2012 y 2013.

El Partido Socialista, liderado por Jaime Lissavetzky, interpuso una denuncia por la venta de viviendas a Blackstone, que fue admitida a trámite en agosto del año pasado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid. El PSM consideraba que se había podido producir un delito de malversación de caudales públicos por vender esas viviendas “a precio de saldo”.

El juzgado sobreseyó el caso, y el PSM ha recurrido ahora ante la Audiencia Provincial.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram