El PP plantea abrir el Consello de Contas a las denuncias ciudadanas
Los populares registran una propsición de ley en el Parlamento para aumentar las competencias anticorrupción de este órgano
El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, sostiene que el Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar las finanzas públicas en Galicia, dispone de los medios “suficientes” para las nuevas competencias de lucha contra la corrupción que le adjudica la nueva ley registrada por los populares en el Parlamento, que entrará en vigor, según sus cálculos, en este periodo de sesiones, es decir, antes de julio, y con sus auditores reconocidos como “agentes de la autoridad”. La propuesta del PP incluye abrir este órgano a las denuncias de ciudadanos y asociaciones.
Puy esgrimió ayer en rueda de prensa que, aunque ve “suficientes” los medios de este organismo, el PP no se “cierra” al debate de aumentar su personal si así lo demanda el propio ente. De hecho, ha recordado que en cada ejercicio puede optar por acometer esta solicitud cuando remite a la Cámara su propuesta presupuestaria. Sin embargo, Puy considera “más importante” que el personal de Contas afronte sus nuevas tareas de lucha contra la corrupción que otras cuestiones: “Si el ente remite anualmente al Parlamento 25 informes y, como consecuencia de la nueva ley, remite 22, yo creo que vale la pena”.
Puy subrayó que la nueva ley “refuerza” la independencia del personal del Consello de Contas porque blinda sus condiciones laborales —hasta ahora estaba sometido a cambios en su puesto de trabajo por el sistema de libre designación— y prevé el concurso específico como procedimiento habitual para la provisión de nuevas plazas.
La proposición del ley del PP atribuye a Contas las competencias para la prevención de la corrupción, para lo que el PP propone crear una sección específica. El organismo también asumirá, según este proyecto, la competencia de fiscalizar la actividad económico financiera de los partidos que reciban subvenciones en la comunidad, así como la evolución de los bienes patrimoniales de las personas que ocupen altos cargos en el sector público autonómico.
La fiscalización se podrá iniciar además a través de denuncias remitidas por la ciudadanía o asociaciones con personalidad jurídica, a fin de fomentar la participación ciudadana en la prevención y represión de la corrupción, extremo que, en ningún caso, según Puy, se traducirá “en una caza de brujas”.
