La Generalitat comprará 100 pisos a la banca en Salt para desahuciados
La Administración ejercerá por primera vez su derecho de adquisición preferente
El Gobierno catalán, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y el Ayuntamiento de Salt firmaron ayer un convenio para gastar 2,5 millones de euros en la compra de un centenar de viviendas vacías de la localidad. La localidad gerundense será la primera de Cataluña en la que las Administraciones ejercerán el derecho de compra preferente de viviendas vacías procedentes de procesos de desahucio con el objetivo de destinarlas al alquiler social y evitar procesos de especulación. La aportación económica para la compra de estos inmuebles procede de la partida que el Estado transfirió en 2010 a raíz del convenio para desarrollar el Área de Renovación Urbana (ARU).
La Generalitat aprobó el pasado 24 de marzo un decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección de las familias más vulnerables. Una de las principales medidas era el derecho a tanteo y retracto a favor de la Generalitat o ayuntamientos en las transmisiones de todos los pisos provenientes de las ejecuciones hipotecarias, que principalmente están en manos de las entidades financieras, el banco malo y fondos de inversión internacionales.
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Santi Vila, pevé destinar este año al menos ocho millones de euros a comprar pisos en las localidades con necesidades de alquiler sociales. El decreto ley prevé, de hecho, que esas compras preferentes tengan que realizarse en alguno de los 72 municipios en los que se ha acreditado que hay una mayor demanda de vivienda social. Además, los pisos se comprarán por debajo del precio de mercado y estarán situados en zonas de riesgo de degradación social. “Tuvimos claro que el primero tenía que ser Salt”, afirmó el secretario de Vivienda, Carles Sala.
Con 2,5 millones de euros, la Generalitat calcula que podrá adquirir un centenar de pisos, principalmente de la zona centro, que se incorporarán a los 79 que ya hay en la bolsa de alquiler social. Sala apuntó que las viviendas que se han quedado los bancos suelen acabarse vendiendo por 25.000 o 30.000 euros —muy por debajo del precio de mercado— a fondos inversores mayoritariamente extranjeros. Tras la aprobación del decreto-ley, tendrán la obligación de comunicar estas ventas a la Administración, que podrá pujar y quedarse el piso.
El alcalde, Jaume Torramadé, destacó que en Salt “las necesidades son muchas” y que hasta ahora los recursos que habían llegado eran “insuficientes” para paliar las consecuencias más graves de la crisis, como la pérdida de la casa de muchos hogares. Cuando las viviendas ya estén en la bolsa que gestiona la oficina de la Vivienda de Salt, se adjudicarán preferiblemente a familias de la localidad, desahuciadas y con pocos recursos. Según ha puntualizado Carles Sala, pagarán como máximo el 30% de sus ingresos y, en el caso que lleguen a través de la mesa de emergencia, se estudiará con el Ayuntamiento cómo se pueden cubrir necesidades, puesto que “no se trata sólo de tener un techo, también suministros y servicios básicos”.
El macroproyecto de rehabilitación del centro urbano de Salt preveía, con una inversión de 200 millones, derribar 600 pisos y rehabilitar 1.200 en doce años. Sala ha calificado este convenio de “imposible cumplimiento”, y Torramadé se ha mostrado satisfecho que ante el peligro de “perder el dinero”, se haya encontrado la forma de que la inversión se quede en Salt.
