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El Defensor del Pueblo reclama en el Parlamento un pacto por la vivienda

Maeztu pide “responsabilidad” a los grupos políticos para formar gobierno

El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu. Ampliar foto
El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu.

Más de la mitad de las actuaciones realizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz durante el pasado año tuvo que ver con la vulneración de derechos sociales. En el informe de 2014 de esta institución, entregado este lunes al Parlamento, se advierte del alza en las quejas de los ciudadanos relacionadas con el Estado del bienestar, principalmente vivienda, educación y servicios sociales, que alcanzan el 53% de las actuaciones de la oficina —13% más que el año anterior—. Y es que, según el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, durante el periodo de crisis económica “se ha experimentado un retroceso importante en relación a muchos de los derechos que consagran nuestro texto constitucional”.

Jesús Maeztu reclama en el texto a los partidos políticos y agentes sociales un gran pacto por la vivienda en la comunidad “ante un problema social de enorme magnitud y que debería ser un problema político de primer orden”. “La situación de desesperación de muchas familias les ha llevado a ocupaciones irregulares de viviendas tanto públicas como privadas que, en la mayoría de las ocasiones, no reunían las condiciones de habitabilidad”, recuerda Maeztu. “No podemos amparar este tipo de situaciones, pero ello no es óbice para que denunciemos que este fenómeno está poniendo de manifiesto la necesidad urgente y, en muchos casos, de emergencia, de muchas familias andaluzas de satisfacer su necesidad de vivienda”, apunta el Defensor del Pueblo andaluz en su informe. En el mismo texto se detalla también la contradicción que supone, por un lado, la escasa oferta de vivienda pública y, de otro lado, la existencia de una gran bolsa de viviendas vacías.

Las cifras

  • El número de actuaciones del defensor del Pueblo andaluz fue en 2014 de 18.689 (0,6% menos que el año pasado).
  • El número de personas atendidas se eleva a 165.817 personas, un 300% más que en 2013, aunque ello se debe a la denuncia masiva sobre la Mezquita de Córdoba y su inmatriculación por la iglesia que aglutinó a 125.000 personas.
  • La vivienda aparece como el principal problema planteado, con 728 consultas y 430 quejas presentadas.
  • La oficina recibió 5.944 escritos nuevos de quejas de los ciudadanos y 179 quejas de oficio. A estas quejas nuevas se suman 2.889 de años anteriores, siendo 9.012 el total de quejas. Además, los ciudadanos han realizado un total de 9.185 consultas por teléfono, vía postal, Internet o redes sociales.

El defensor censura además la actuación de las instituciones públicas acerca de las personas que duermen en la calle. “Los poderes públicos no pueden mirar para otro lado ante la creciente demanda de las personas sin hogar, de albergues u otros alojamientos temporales destinados a facilitar un lugar donde poder cobijarse”, señala. De igual forma alerta de la creciente demanda de personas que piden cambiar o permutar su vivienda protegida por otra que se adecue mejor a sus circunstancias personales. “En Andalucía cientos de miles de personas viven prisioneras en sus viviendas, y basta con que se les dote de ascensor para que las casas puedan recibir el calificativo de dignas y adecuadas”, expone Maeztu, que critica también el “excesivo retraso” en la aprobación definitiva del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y “las consecuencias negativas que esta dilación está proyectando hacia aquellas personas más vulnerables”.

En materia de servicios sociales, el Defensor del Pueblo Andaluz llama la atención sobre el elevado porcentaje (45%) de niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, 13 puntos más que en el resto de España. Y se detiene en los efectos de la crisis en el 6% de las personas que viven solas. A su juicio, la extensión de este periodo “ha llevado a su empobrecimiento y mermado su capacidad de respuesta”, y cifra en un 50% el número de hogares que han aumentado sus niveles de pobreza.

Dice Jesús Maeztu en el informe de 2014 que los salarios indirectos (pensiones, subsidios, asignaciones familiares o programas alimentarios) son los que más han sufrido los “efectos perversos de los recortes”. Y alude especialmente al Programa de Solidaridad, donde el número de quejas se incrementó en casi un 300%.

Según el Defensor del Pueblo, las perspectivas en relación con este ingreso mínimo de solidaridad son, a la vista de los presupuestos aprobados, aún peores que en el pasado año, “ya que a las posibles demandas que vayan a existir se unen a las más de 41.400 solicitudes que han quedado pendiente de reconocimiento y pago en el año 2014”.

Durante el acto de entrega del informe al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, el Defensor del Pueblo llamó a la “responsabilidad” de los grupos políticos para formar gobierno en Andalucía “lo más pronto posible”, y animó a aumentar la cultura del pacto y la negociación “para priorizar las necesidades de los ciudadanos y que toda idea buena pueda ser consensuada con una diálogo fructífero y no con un enfrentamiento de unos contra otros”, informa Europa Press.