La Diputación eleva a 13,6 millones el fraude del ‘caso Bidegi’
La institución anuncia que ampliará la querella por un supuesto delito de malversación de caudales y falsedad documental por el pago de trabajos no realizados en la construcción de la AP-1
La Diputación de Gipuzkoa ha elevado el supuesto fraude cometido en la construcción de la AP-1 a 13,6 millones de euros. La institución, gobernada por Bildu, remitirá nueva documentación al Juzgado de Azpeitia que investiga el denominado caso Bidegi, por el que están imputadas tres personas por delitos de malversación de caudales y falsedad documental. La Diputación había cuantificado hasta ahora un fraude de 3,4 millones por el presunto pago de unos trabajos no hechos, que ahora ascenderían a 13,6, al haber descubierto, según ha anunciado esta mañana la portavoz y diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, otros abonos por valor de 10,2 millones.
Ugarte ha desgranado que, tras haber detectado 88 partidas en la liquidación de la construcción de un tramo de la autopista en las que se podría haber cometido una irregularidad, y haber encargado un estudio independiente a una ingeniería, ésta ha concluido que de los 13 millones que se abonaron, entre otras cosas, por el relleno y excavación de zanjas, ejecución de terraplenes y la construcción de la estructura interna de hormigón de unos túneles, sólo se puede justificar por estos trabajos el pago de 2,8 millones. La diferencia, de 10,2 millones, eleva, por tanto, el fraude a 13,6 millones, según la Diputación.
Ugarte ha señalado que la Diputación ampliará la querella que interpuso el pasado mes de noviembre contra el exdirector técnico de Bidegi, Agustín Zugasti, el representante de la ingeniería Eptisa-Cinsa, que ejerció la dirección de obra, Juan Bautista March, y el de la UTE Laurena, encargada de ejecutar los trabajos, Iván Fernández de Landa.
"Son noticias preocupantes y desagradables. No querría comparecer para dar noticia de este cariz", ha comenzado su intervención Ugarte.
El supuesto fraude se cometió la pasada legislatura, bajo gobierno del PNV, quien ha protagonizado un cruce de acusaciones con la Diputación de Gipuzkoa y Bildu, por entender que la querella no es más que una estrategia para debilitar a los principales candidatos nacionalistas en el territorio a dos meses de la celebración de elecciones municipales y forales.
Precisamente, Markel Olano y Eneko Goia, diputado general de Gipuzkoa y diputado de Infraestructuras la pasada legislatura, y ahora, candidatos a la Diputación y al Ayuntamiento de San Sebastián, respectivamente, se vieron obligados a comparecer en la comisión de investigación exprés celebrada en las Juntas Generales. Las conclusiones de los trabajos, pactadas por Bildu, PP y Aralar, les señalaron como los "responsables políticos" del caso Bidegi, además de solicitar al pleno de la cámara que apruebe su reprobación este lunes, en la celebración del último debate de la legislatura
“Como señaló la comisión de investigación lo de Basagoiti no era más que la punta del iceberg”, ha señalado Ugarte, en referencia al primero de los fraudes detectados, el pago de 3,4 millones por un traslado de tierras al depósito Basagoiti 2 que, supuestamente, nunca se produjo.
En la lista de las presuntas nuevas irregularidades detectadas destaca, por su cuantía, los 3,6 millones pagados de más por el hormigón de relleno de tres túneles. Las empresas contratistas aseguraron haber construido unos anillos de 1,95 metros pero la ingeniería Euskontrol, a solicitud de la Diputación, ha concluido que la estructura solo tiene una profundidad de 0,8 metros. La UTE aseguró haber empleado 21.702 metros cúbicos de hormigón, cuando, según los datos facilitados por la Diputación, sólo se ha constatado el uso de 14.883, mientras que se liquidaron 38.940.
El informe también señala que los trabajos efectuados a raíz de dos desprendimientos sucedidos en 2007 y 2008 en uno de los túneles no se corresponden con lo abonado. Por este concepto el sobrecoste habría sido de 2,8 millones. Las supuestas tierras movidas equivalen, según se justificó en su día, al pago por un transporte de 945.000 metros cúbicos, una cantidad que "supondría que se hundió todo el túnel, con lo que hoy, en vez de túnel existiría una trinchera". Ugarte ha puntualizado que el transporte de ese volumen supondría el empleo de tantos camiones que cubrirían por completo la distancia por carretera entre San Sebastián y París, es decir, 892,5 kilómetros.
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