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La banca tiene tres meses para decir cuántas casas de desahucios posee

La Generalitat empezará a comprar viviendas para evitar lanzamientos

Santi Vila, consejero de Territorio.
Santi Vila, consejero de Territorio.

Las entidades financieras, fondos de inversión y el banco malo —la Sareb— tendrán tres meses para informar a la Generalitat sobre todas las viviendas vacías que tienen en sus manos que procedan de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. A partir de ese registro el Gobierno catalán podrá aplicar el impuesto sobre pisos desocupados, cuyo proyecto de ley está en el Parlament, y realizar las actuaciones oportunas para conocer el estado en el que se encuentran y requerir su rehabilitación. El decreto que crea el registro, aprobado ayer por el Consell Executiu, también contempla la opción de compra preferente por parte de las Administraciones de viviendas cuyos residentes corran el riesgo de ser desahuciados.

La Secretaría de Vivienda, que dirige Carles Sala, quiere ampliar el parque de pisos sociales en las zonas con más demanda. El decreto ley de medidas urgentes para movilizar viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria contempla que las Administraciones podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto —es decir, de compra preferente— cuando una empresa, entidad financiera, fondo de inversión o la Sareb vaya a desprenderse de un piso sobre el que pesa un procedimiento de ejecución hipotecaria en alguno de los 72 municipios con mayor demanda de vivienda. El texto entrará en vigor cuando sea publicado en el Documento Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), lo cual se prevé que ocurra esta misma semana.

Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron que estiman que la banca tiene en sus manos entre 10.000 y 20.000 viviendas desocupadas en las áreas con mayor demanda. Esa cifra, que ahora es una amplia horquilla, debe ser confirmada mediante el registro, al que posteriormente deberán apuntarse todos los propietarios de viviendas vacías de Cataluña. Los ocupantes de las casas que pasarán a manos de las Administraciones —que a su vez podrán cederlas a entidades del tercer sector, como estas habían reclamado— pasarán a pagar un alquiler social, cuyo importe medio es de 212 euros mensuales.

El Departamento de Territorio y Vivienda, dirigido por Santi Vila, está ya explorando el mercado y la próxima semana podría anunciar ya las primeras operaciones. De momento, la Agencia Catalana de Vivienda cuenta con ocho millones de euros para comprar, aunque el presupuesto dependerá de lo que recaude con el impuesto que aplicará sobre los pisos vacíos de la banca, que puede oscilar entre ocho y 26 millones de euros. Fuentes del departamento explicaron que no se trata de adquirir viviendas de 100.000 euros. La mayoría de las que tienen órdenes de desahucio pendientes se hallan en barrios periféricos, por lo que se trata de pisos modestos cuyo precio de mercado puede ser de incluso de 20.000 o 40.000 euros.

La Generalitat también ha constatado que muchas de las viviendas del parque que ha quedado desocupado a raíz de desahucios se está degradando. Por ello, el decreto obliga a las entidades que tengan esos inmuebles a ejecutar las obras de rehabilitación necesarias. En caso de no hacerlo, hay dos opciones. La primera pasa por una sanción grave. La ley de Vivienda prevé multas de hasta 90.000 euros, aunque el Gobierno catalán se inclina porque la cuantía de estas sanciones sea acorde al importe de las obras que deban realizarse. Si la entidad financiera que tiene la vivienda sigue sin ejecutar las obras de rehabilitación, la Generalitat podrá llevar a cabo una “ejecución forzosa”, que pasa por la expropiación del uso de la vivienda durante un periodo de entre cuatro y 10 años.

El departamento, por último, tratará de evitar el doble desahucio con una partida de ayudas que se convocará el próximo mes de abril. En este caso, se trata de impedir que una familia que haya perdido su casa pero se haya beneficiado de la dación en pago y de un alquiler social por parte de la entidad financiera pueda sufrir otro procedimiento en caso de no poder afrontar la renta.

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