El fiscal pide cárcel para 12 ‘ángeles del infierno’ por tráfico de drogas

El gran golpe policial contra la rama catalana de los Ángeles del Infierno llega a juicio. La Fiscalía pide penas de hasta 13 años y medio de cárcel para una docena de miembros de la violenta banda de moteros, a los que acusa de tráfico de drogas, extorsión y posesión de armas prohibidas. La operación Valkiria, lanzada en 2009 por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, puso en evidencia la conexión entre la banda de la calavera alada (de tendencias neonazis) y los Boixos Nois. Uno de los acusados, que afronta una petición de ocho años y medio de cárcel, es José Antonio Romero Ors, alias Jaro, un ultra del Barça que cumplió pena por asesinar a un seguidor del Espanyol en 1991 y que participó, también, en un intento de agresión al expresidente Joan Laporta.

El relato de la Fiscalía abarca, en realidad, dos operaciones contra los Ángeles del Infierno, cuya actividad delictiva se ha mantenido a lo largo del tiempo. Una, en 2007 y la otra, en abril de 2009. Manuel Polo, el hombre que afronta la mayor petición de pena (13 años y medio) es la constante de esos dos intentos por descabezar la sección catalana de los Hell's Angels, una banda surgida en California a finales de la Segunda Guerra Mundial. Polo era un asiduo del local, situado en el barrio de Poblenou de Barcelona -durante años, auténtico fortín del grupo- que utilizaban para distribuir hachís y cocaína. En su casa, la policía halló medio kilo de cocaína, además de dos armas de fuego. Dos años más tarde, Polo dormía en el local y era habitual de otro establecimiento (también en el Poblenou) destinado a almacenar sustancias estupefacientes.

Aunque la policía conocía sus actividades desde los años 90 -entonces se hacían llamar Centuriones; más tarde adoptaron la marca internacional– la deconstrucción de los Ángeles del Infierno empezó, como es habitual en el mundo subterráneo del crimen, con la denuncia de una víctima. En mayo de 2007, uno de los procesados, Marco Antonio Rodríguez, fue a visitar a un hombre que, supuestamente, tenía una deuda con la banda por drogas. Le exigió, exhibiéndole una pistola y bajo la amenaza de matarle, la entrega de una furgoneta Mercedes Benz que conducía. El vehículo resultó no ser suyo, sino de la empresa de transportes para la que trabajaba. Rodríguez se presentó ante su jefe, le indicó que había estacionado la furgoneta en un parquin de Granollers y le exigió que, de ahora en adelante, la nómina del deudor la cobraría él.

Rodríguez participó en otros actos de intimidación, como uno ocurrido en noviembre de ese mismo año en el bar Correcaminos, en Malgrat. Él y otro acusado observaron que un tipo lucía una chaqueta con la insignia de los “Ángeles Guardianes”. Este tipo de bandas consideran un triunfo robar las insignias a los rivales, así que Rodríguez y su amigo exigieron al hombre que se quitara la chaqueta. Pese a las amenazas, el hombre -que resultó ser un policía local de Arenys- se resistió y logró huir en un descuido. “Ya nos encontraremos en la carretera”, le dijo Rodríguez.

La principal actividad de la banda, sin embargo, era el tráfico de drogas. En 2007, utilizaban como tapadera un local de “ocio” de la calle Fluvià para “el almacenamiento de hachís y cocaína”, según el escrito del fiscal Roberto Valverde, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Allí disponían de armas blancas -cuchillos, navajas, palos de madera, defensas extensibles, etcétera- para “proteger de manera violenta” la mercancía. En los registros de ese año, la policía encontró droga, pero en escasas cantidades.

La investigación judicial siguió abierta y los investigadores comprobaron que los Ángeles del Infierno -pese a que algunos habían estado en prisión provisional- mantuvieron intacta su actividad. Los pinchazos telefónicos permitieron a los policías dar un salto cualitativo en 2009 y detener a algunos responsables tras una entrega controlada de droga. En febrero de ese año, tres acusados se concertaron para recibir a un miembro de la rama italiana y venderle cocaína en un local de Poblenou que uno de ellos utilizaba como vivienda. El italiano se llevó la droga y fue detenido en el peaje de Martorell por la policía, que encontró en el coche casi un kilo de cocaína y 151.000 euros en efectivo. El hombre no está entre los acusados porque ya fue condenado a seis años de prisión por esos hechos.

En esa entrega controlada sitúa la Fiscalía, precisamente, la participación de El Jaro. Cuando llegó el italiano, la banda llamó al miembro de los Boixos Nois para que “transportase al mismo local la cocaína convenida”. El transporte, finalmente, fue a cargo de otra persona, lo que no impidió que la policía registrara la casa del ultra, en Sant Adrià de Besòs. Los Mossos hallaron 100 gramos de cocaína, además de nunchacos, navajas y bates de béisbol. En su moto, encontraron una pistola. El asesino del españolista Frederic Rouquier afronta una petición de ocho años y medio por tráfico de drogas y tenencia de armas prohibidas, además del pago de una multa de 185.000 euros. En su casa, la policía encontró también una bufanda con la palabra “Antilaporta” escrita en mayúsculas.

La Fiscalía atribuye a los 12 ángeles del infierno encausados varios delitos (robo con intimidación, coacciones, contra la salud pública y tenencia de armas prohibidas, según los casos) pero no logrado probar el de asociación ilícita, una obsesión de todos los cuerpos policiales que han perseguido a la banda de moteros. Los investigadores destacan el carácter jerárquico y paramilitar del grupo filonazi, que se registró en España como asociación. Según los policías, también se dedicaban al cobro de morosos y ofrecían seguridad privada en conciertos, aunque estas circunstancias no constan en la acusación de la Fiscalía.

Las penas van desde los dos hasta los 13 años y medio, aunque se sitúan en una media de unos ocho años de prisión. Los Hell's Angels se consideran a sí mismos una “hermandad”. Uno de sus lemas es: “Cuando hacemos el bien nadie se acuerda de nosotros. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”. Tampoco les olvida la policía: en julio de 2013, una nueva operación se saldó con más de 50 detenidos en Mallorca y Alemania. Además del tráfico de drogas, este otro capítulo se lucraba con la explotación sexual de mujeres. Según la Audiencia Nacional, que ya les ha procesado, llegaron a encerrar a las prostitutas en jaulas para perros.