Un envío exprés de cocaína por valor de cuatro millones
Dos vecinos de Arousa se enfrentan a 8 años de cárcel por fletar un contenedor con la droga que llegó al puerto de Marín
La policía cree que esta no fue la único envío de cocaína que presuntamente organizó Bruno Santiago Allo, Nené, de 35 años, que aunque carece de antecedentes penales, estuvo implicado en varias investigaciones a raíz del secuestro y tortura en 2006 de su hermano, Román (ya fallecido), entonces concejal del PP en A Illa de Arousa, cuyo móvil fue una deuda de medio millón de euros por una operación frustrada de droga organizada dos años antes. El 20 de noviembre de 2013, Bruno Santiago regresaba de participar en una reunión en Madrid donde había cerrado la operación con dos colombianos que le habían entregado un papel con las referencias del buque y el número del contenedor que iba a transportar camuflados 120 kilos de cocaína, valorados en más de 4 millones de euros, cuando fue detenido en un control en la autopista AP-9, a la altura de Vilaboa, Pontevedra.
Así, la policía pudo controlar el buque Star Care que había zarpado siete días antes desde el puerto de Turbo (Colombia) y que venía en medio de una carga legal de bananas propiedad de la multinacional norteamericana Del Monte y que hizo su entrada en el puerto de Marín (Pontevedra) el día 25 de noviembre. Coincidiendo con los gráficos dibujados en el manuscrito incautado, la policía procedió a desprecintar y abrir el contenedor reseñado donde habían sido sustituidas las bananas de cinco de sus cajas por una bolsa de nylon de color negro que contenían la cocaína colombiana con una pureza del 75%.
En apenas dos meses, Bruno Santiago y su presunto cómplice, Serafín Carro Pérez, de 43 años, de Vilanova de Arousa, gestionaron los preparativos del transporte de droga junto a los dos colombianos que se desplazaron a Pontevedra para supervisar la operación. Uno de ellos, Alfredo Arias García, de 69 años, tiene antecedentes por narcotráfico y actuó con su yerno, Jairo Alberto Restrepo, de 35 años, con residencia ilegal en España.
Todos ellos se enfrentan a una condena de 8 años de prisión y una multa de quince millones de euros que solicita el fiscal antidroga para cada uno en el juicio que comienza este martes en la Audiencia de Pontevedra. Bruno Santiago, según la acusación del fiscal, se encargó de coordinar el envío con los colombianos que a su vez negociaron con los proveedores de la cocaína las condiciones en las que tenía que ser transportada para que no levantase sospechas.
Serafín Carro iba a ser el encargado de esperar la llegada del buque y de sacar la droga de los contenedores de manera clandestina, en el puerto, actuando bajo las órdenes de Santiago Allo que un mes antes de la llegada del contenedor le hizo llegar a los exportadores de la droga el listado de compañías que podían utilizar para introducir la cocaína, después de hacer múltiples averiguaciones sobre el tráfico portuario que recalaba en la dársena de Marín.
Días después, los sudamericanos comunicaron telefónicamente a los españoles la compañía elegida en cuyos contenedores viajaría la cocaína, aunque se reservaron la información acerca del número del contenedor así como indicación de los palés en los que iba a ser colocada que, como medida de seguridad, sólo le sería facilitada a Bruno Santiago personalmente.
Así, Santiago Allo acudió al encuentro de Alfredo Arias en la Avenida de Niza, en Madrid, en la que el colombiano le entregó 4.000 euros de anticipo por las gestiones realizadas y los datos de la logística del transporte de la droga. Una cita que echó al traste la operación cuando la policía registró su coche de regreso a Galicia y descubrió entre sus pertenencias todas las claves.
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