El PNV pide en el Congreso respetar las competencias autonómicas

El PNV ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que plantea modificar hasta cinco textos legales del ámbito del empleo para que su contenido se adecue a lo previsto en el Estatuto de Gernika y respete las competencias transferidas al Gobierno autonómico del País Vasco.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas vascos se quejan de que el Estado "viene ignorando de forma sistemática" las competencias de ámbito laboral que están atribuidas al País Vasco, especialmente las relacionadas con las Políticas Activas de Empleo.

Así, recuerdan que según el Estatuto de Gernika, desde 2011 el Gobierno vasco gestiona directamente las subvenciones y ayudas públicas para el fomento y apoyo al empleo, incluyendo las funciones atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) relacionadas con la gestión y financiación de los fondos nacionales de empleo; los incentivos a la contratación mediante bonificaciones de cuotas sociales, y la evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación de demanda financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de formación profesional que se aplican las empresas.

Igualmente, están transferidas las funciones y financiación asociadas a las actividades que el SPEE realiza en Euskadi, salvo las prestaciones por desempleo, el pago de cuotas a organismos internacionales, las actividades de cooperación internacional o los programas sin incidencia en la región.

Los nacionalistas recuerdan que se asiste a una "recentralización por sustracción"

Sin embargo, el PNV se queja de que la normativa que el Estado viene aprobando en los últimos años se aplica de forma general a todo el país, sin considerar la "peculiaridad competencial" del País Vasco.

Esto está llevando a la "gestión centralizada" de una serie de programas y a una situación "conflictual", "incorrecta" e "ilegal" por parte del Gobierno central, que desemboca en una "severa disfunción" en la relación financiera entre el Estado y el Gobierno autonómico, que según los cálculos de los nacionalistas vascos asciende a 200 millones de euros de cupo no liquidados.

Una "recentralización por sustracción" de competencias que se manifiesta en algunas leyes como la de Empleo, de 2003; la de Mejora del crecimiento y el empleo, de 2006; el decreto ley de prórroga del Plan Prepara, de 2013; la Ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, de octubre de 2014; y el decreto ley que regula el Programa de Activación para el Empleo, del pasado mes de diciembre.

Por eso, el PNV propone incluir una nueva disposición en todos esos textos legales para garantizar que en el ámbito del País Vasco las materias de empleo reguladas en cada una de las leyes que afectan a competencias autonómicas se llevan a cabo por el Ejecutivo regional.