Confianza, transparencia y gestión

La gran tormenta en la que estamos inmersos sigue alimentándose de las constantes noticias sobre corruptelas e irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Algunas de gran calado, otros menos llamativas, pero todas igualmente perniciosas en relación a la necesaria confianza y legitimidad con las que debería contar cualquier decisor o gestor de lo público que quiera hacer algo más que seguir el procedimiento a rajatabla. Estamos ya en un entorno en el que, de entrada, el común de la gente sospecha sobre todo lo que se hace en las instituciones públicas. Y eso tiene el peligro de tornarse asfixiante para quien tiene la obligación no solo de cumplir la ley, sino también de prestar servicios, de hacer que las cosas funcionen. En este sentido, me llegan constantes quejas de parte de los gestores de centros públicos, de políticos y decisores de cualquier esfera institucional, aludiendo al clima enrarecido en el que se ven obligados a actuar. Se parte de la sospecha. Uno es presuntamente culpable y tiene que escalar la montaña de la desconfianza antes que nada. Es como si el ambiente flotase constantemente la palabra “prevaricación”, y obviamente, cualquiera que rodea a los decisores trata de blindarse de una posible contaminación. Llueve sobre mojado, ya que tras los escándalos de Roldán y Juan Guerra en 1993, se modificó la Ley de Contratos del Estado en un sentido más restrictivo. No es que no haya motivos para que la gente esté escarmentada, pero hemos de reconocer que por muchos que sean los casos detectados y puestos al descubierto, sigue siendo cierto que una inmensa mayoría de políticos y gestores públicos no están sujetos a escrutinio procesal alguno.

En el fondo, lo que ha puesto patas arriba todo es la clara sensación que no estábamos en una concatenación de casos y de escándalos que simplemente han coincido en el tiempo. Lo que ha enardecido a la gente es la convicción de que se había creado un verdadero sistema de captura de las instituciones y de los recursos públicos en beneficio de unos pocos. De unos pocos que, además, amparándose en el ejercicio de la política, los intereses de partido y las razones de Estado, se forraban impunemente. ¿Cómo logramos acabar con ese saqueo de lo público sin convertir la gestión de los asuntos públicos en una selva de procedimientos, garantías y cautelas que al final conviertan en maquinal lo que necesariamente ha de gozar de una cierta capacidad de elección y de discrecionalidad? Es evidente que si a un gestor le dices que ha de hacer, con qué dinero cuenta para hacerlo, le exiges autorización cada vez que quiera mover un euro, y además le dices exactamente porque vía ha de gastarlo, la función de gestión queda reducida a la de tramitador de papeles. Y al final todos salimos perdiendo de una labor más segura, pero probablemente menos eficaz y eficiente. Tradicionalmente se consideraba que era imposible descentralizar la capacidad de decisión y controlar su cometido al mismo tiempo. Hoy sabemos que eso es posible si se utilizan convenientemente circuitos compartidos de información, protocolos de actuación que marquen campos propios de decisión y responsabilidad, y si además se parte de la exigencia de transparencia hacia todas las partes interesadas en la gestión de los asuntos públicos.

La desconfianza no es por definición negativa, si se sabe canalizar y convertirla en un factor de escrutinio y de mejora constante. Los estados liberales convirtieron la división de poderes en la forma institucional de estructurar esa desconfianza. Los formatos actuales de poder han de situarse en un nuevo escenario de información y transparencia, argumentando con evidencias, y abriendo puertas y ventanas para que la labor de gestión sea al mismo tiempo eficaz y democrática (en el sentido de compartida). Necesitamos generar instancias de acompañamiento ciudadano a la labor de los gestores públicos, que compensen las rigideces de la burocracia administrativa con los estímulos de las necesidades colectivas. Hace tiempo recordaba a Jane Jacobs y su concepción de la seguridad urbana basada no tanto en la cantidad de policías presentes en las calles, sino por la capacidad colectiva de "vigilar" y construir confianza pública. Transparencia y vigilancia compartida, evaluación de políticas en la que intervengan expertos y ciudadanos organizados, y la posibilidad de que en última instancia los tribunales puedan ser vías para que la necesaria autonomía en la gestión pública, su imprescindible margen de acción, quede compensado por la voluntad de coproducir buen gobierno por parte de todos. Lo importante es evitar que resurja ese entramado de intereses y posiciones de poder que encontraban los resquicios para saquear lo público. Por muchas cautelas jurídicas que incorporemos, la vacuna real es más democracia.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.