Cimiento de la atención social

La aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía es una de las banderas de los servicios sociales y sanitarios públicos. La comunidad andaluza es el territorio del país que más ha desarrollado el sistema de atención a personas dependientes y en 2015 ha dispuesto en su presupuesto 1.131 millones de euros (tres millones al día) para cubrir estas prestaciones, casi la misma cantidad que el Gobierno central destina para toda España (1.200 millones de euros).

 La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales argumenta que la razón es su compromiso “firme” con el servicio de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal. Andalucía sufraga en la actualidad cerca del 80% del coste total del sistema, a pesar de que la ley que entró en vigor en 2007 marcaba una financiación al 50% entre las Administraciones central y autonómica. Según la estimación de la Junta, el Gobierno ha dejado de aportar 400 millones de euros entre 2012 y 2015.

La comunidad andaluza destaca que el cuidado que presta a los dependientes se mantiene a pesar de los “recortes y ajustes” del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tocado por la crisis, el servicio estuvo ralentizado dos años y comenzó a reactivarse a lo largo de 2014. El año pasado se agilizó el ritmo de entrada de usuarios, con 18.400 nuevas altas que se benefician de 30.000 ayudas (una misma persona puede obtener más de una). Se llevaron a cabo 73.800 valoraciones y revisiones de casos y en el último cuatrimestre se redujo un 20% el número de personas que estaba a la espera de poder recibir estos cuidados.

Este impulso permitió cerrar el último ejercicio con 163.348 beneficiarios y 220.141 prestaciones. La cifra de usuarios representa el 22% del cómputo nacional y, continuando con los símiles, es tan alta como la que suman juntas las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla La Mancha. “En plena crisis, se ha priorizado la atención a la Dependencia con una gestión eficiente. Se ha ejecutado el 100% del presupuesto y sin generar ningún tipo de deuda”, resalta la Consejería.

Andalucía ha invertido 8.000 millones de euros desde la entrada en vigor de la ley y estos servicios de proximidad han permitido la creación de 45.500 empleos, de los que unos 18.000 se circunscriben al área de Ayuda a Domicilio (hay 43.414 beneficiarios, el 37% del total nacional). El objetivo de la Junta para 2015 es continuar garantizando “una gestión pública y directa” tanto en las nuevas valoraciones como en el seguimiento de los expedientes y en la inspección de servicios y prestaciones económicas. Estas son las principales características:

Catálogo de atenciones. En Andalucía, el sistema incluye las prestaciones de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, la de prevención de situaciones de dependencia y la de estancia en Centro de Día y de Noche y Atención Residencial, distinguiendo en estos casos los que se dirigen a mayores y a personas con discapacidad. La comunidad también permite disfrutar de más de una ayuda siempre que sea compatible, por ejemplo, Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.

Los 1.131 millones reservados en 2015 para este servicio permitirán cubrir una oferta de 40.700 plazas concertadas para personas mayores y con discapacidad en residencias y centros de estancia diurna, más de 25 millones de horas de servicio de Ayuda a Domicilio y las prestaciones económicas destinadas a los cuidadores con familiares a su cargo.

Solicitud. Lo más usual es reclamar la ayuda a través del área de Servicios Sociales de un Ayuntamiento. Se produce una situación de dependencia cuando se precisa la atención de otra persona para afrontar la vida diaria (cuidado personal, actividades domésticas o movilidad, por ejemplo) u otro tipo de apoyo por falta de autonomía personal. El motivo puede ser edad, enfermedad o discapacidad, siempre que estas situaciones estén ligadas a la ausencia o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Todo esto debe tener carácter permanente.

Hay otros supuestos en los que no se da necesariamente un estado de dependencia, pero se puede necesitar respaldo porque el afectado se ha sometido a una intervención quirúrgica, ha sufrido una lesión y necesita estar inmovilizado temporalmente o sea mayor y requiera de apoyos puntuales.

No existe ningún intervalo de edad para que una persona sea considerada dependiente y hay establecidos tres grados: moderado, severo y gran dependencia. Cuanto mayor es el nivel, más elevada es la cuantía de la prestación económica y más intenso el servicio de proximidad. Para los niños menores de tres años se utiliza una escala de evaluación específica. Los informes de valoración los realizan trabajadores sociales.

Proceso. Una vez culminada la valoración, los Servicios Sociales Comunitarios elaboran un informe basado en esos documentos y en la situación social, familiar y del entorno de esa posible persona dependiente. Después, con la participación del afectado y de sus allegados, se emite una propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) de la que se encargará cada delegación territorial de la Consejería, que es quien resuelve afirmativamente o no el expediente.