Las papeletas de la casas ‘sin papeles’

Los municipios andaluces avanzan poco a poco en la regularización de miles de viviendas levantadas en suelo no urbanizable al amparo de la última norma autonómica, que entró en vigor con la legislatura que expira ahora, y atentos a que un cambio de composición del Parlamento pueda cerrar la vía a nuevas legalizaciones, especialmente a las casas dispersas por el campo. La actitud de los partidos con posibilidad de tener representación en la Cámara andaluza es distinta sobre este asunto, un auténtico quebradero de cabeza para propietarios y políticos cuyo escenario se difumina entre los compradores de buena fe y los ánimos especulativos extendidos durante el boom del ladrillo.

Hasta ahora, 337 municipios de los 775 que hay en Andalucía (el 43%) han cubierto la primera fase del decreto vigente desde marzo de 2012 para regularizar sus asentamientos urbanísticos, hábitats rurales y casas aisladas (bajo la figura de la vivienda fuera de ordenación (AFO), que se inicia con un diagnóstico de los términos municipales y un inventario de estas edificaciones. Hay 205 municipios que han presentado una declaración de innecesariedad, es decir, la ausencia en sus términos de núcleos completos sobre suelo no urbanizable, aunque no de inmuebles aislados.

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, un ejemplo de este último caso es Almería. Cádiz se encontraría en una situación similar. Córdoba, Jaén y Málaga ya tienen su avance y el de Sevilla está en tramitación. El municipio gaditano de Conil, con unas 4.500 viviendas en situación irregular, se ha incorporado también al decreto y otros como El Puerto de Santa María, Jerez y Marbella tienen perfectamente definido su escenario porque su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está aprobado.

Esta norma persigue sacar del limbo jurídico a unas 250.000 viviendas en todo el territorio andaluz. No pueden regularizarse las edificaciones en zonas especialmente protegidas e inundables, recuerda el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez. Tampoco aquellas cuyas irregularidades no prescriben. Las beneficiadas nunca serán consideradas legales porque están en suelo no urbanizable, pero se les otorga un reconocimiento que facilitará su inscripción en el Registro de la Propiedad y el acceso al suministro de luz y agua.

El de las viviendas irregulares es un tema recurrente cuando se avista una cita electoral al que echan mano especialmente PSOE y PP. En septiembre pasado, la Junta anunció un cambio de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) para incluir en el decreto de 2012 las casas aisladas levantadas en pequeñas parcelaciones (divisiones del terreno para construir), excluidas hasta ahora porque el artículo 185 de la ley urbanística establece que la parcelación es una falta que nunca prescribe. Con esta modificación, caducará a los seis años, como otros incumplimientos. Esto dará salida a otras 25.000 edificaciones y mira casi en exclusiva a las comarcas del levante almeriense y de la Axarquía malagueña, prácticamente copadas por ciudadanos extranjeros.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se lanza insistentemente el mensaje de que esta modificación legal sigue su tramitación ejecutiva pese al adelanto electoral. La consejera María Jesús Serrano explicó hace unos días en Málaga que el expediente ha sido remitido al Consejo Consultivo, paso previo para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. “Confío en que el nuevo Parlamento respalde este cambio”, dijo.

El PSOE incluye en su programa electoral para el 22 de marzo este punto tal y como se está tramitando y aboga por adaptar la LOUA a las “nuevas realidades que no se pueden ignorar”, como las parcelaciones. El PP propone una “revisión completa” de la ley urbanística y el impulso de lo que denomina Ley de Segunda Oportunidad para solucionar la legalización y regularización de estas viviendas, sin perder de vista a los compradores y familias “de buena fe”. Habla también de “medidas transitorias” para garantizar la habitabilidad de estas edificaciones.

Izquierda Unida, reticente inicialmente al cambio de la LOUA planteado por el PSOE cuando era su socio de gobierno, aceptó la nueva regularización que afecta a las parcelaciones en el campo. Su programa, con un amplio apartado sobre medio ambiente y ordenación del territorio, no hace mención a esta situación.

Tampoco lo hace el de Ciudadanos, partido al que las encuestas dan varios representantes por primera vez en la Cámara andaluza, ni Podemos, que se limita a proponer una revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de los planes subregionales para adaptarlos a las condiciones “del nuevo modelo de desarrollo que se propone”. UPyD es contrario a nuevos asentamientos “por consolidación de la edificación”.