Maroto y los dirigentes de Hacienda dejan sola a Serrano ante el juez

Encina Serrano está mucho más sola este miércoles que un día antes. Los máximos representantes del Ayuntamiento de Vitoria, su alcalde Javier Maroto, el concejal de Hacienda Manuel Uriarte, y el jefe del Servicio de Gestión Tributaria, Moisés Guridi, se han echado a un lado y han atribuido toda la responsabilidad en la concesión de bonificaciones ilegales en la tasa de uso del Iradier Arena, a la concejal de Cultura, ya jubilada, Encina Serrano, y en el técnico que dirigía el centro multiusos, Enrique Ruiz de Gordoa.

Ante el escrito de la fiscalía que le pide al juez que procese a ambos por prevaricación, apropiación indebida o malversación de caudales públicos en el denominado caso Iradier Arena, —al haber recaudado apenas 19.000 euros cuando de haber aplicado la tarifa vigente, el Ayuntamiento debiera de haber facturado 1,4 millones— el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, dejó claro que quien firmaba “era Encina Serrano”. En una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde de Vitoria justificó la actuación de Serrano y Ruiz de Gordoa para darle actividad al centro, y después criticó a la oposición por hacer “una faena a Encina y a Enrique”. Pero a la hora de asumir la responsabilidad de aquellos hechos fue taxativo y apuntó a la ex concejala.

“No hay ningún recibo firmado por Hacienda con las bonificaciones”

El mismo papel autoexculpatorio lo asumió el concejal de Hacienda, Manuel Uriarte. En octubre de 2013 declaró ante la fiscalía que “no tuvo conocimiento de la irregularidad que se estaba produciendo, al no emitirse factura ni recibo alguno”. Tampoco sabía si se había iniciado un procedimiento para cobrar lo bonificado de forma indebida, ni la cuenta de cargo del dinero procedente de las tasas bonificadas. Sostuvo además que había oído hablar de ese hecho, después de lo cual emitió informe en contra, pero a partir de ahí no volvió a saber nada más del asunto.

La fiscalía investiga la bonificación de tasas entre el 95% y el 99% de febrero de 2012 hasta abril de 2013, cuando no había normativa que las soportara. Se podía bonificar el 90% cuando se interpretara que los eventos tenían interes social y desde luego no se cobrara entrada para un tercero. Por el concierto de Melendi, por ejemplo, Cultura cobró 176 euros cuando la factura debiera de haber ascendido a 52.890,3. Pregunten a Encina Serrano, vino a decirle Uriarte al fiscal. El mismo discurso exhibió Guridi el 10 de octubre de 2013 en su declaración. “No hay ningún recibo firmado por Hacienda con las bonificaciones”, explicó. La defensa de Serrano y Ruiz de Gordoa corre a cargo de los letrados municipales. Cabría preguntarse si los intereses de ambos coinciden con los del Ayuntamiento a partir de ahora.